Alias Deilys, de nacionalidad venezolana, habría sido la encargada de seleccionar un punto específico en Tibú (Norte de Santander), donde finalmente se instaló la carga al paso de un componente de la Policía Nacional.
Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a Andreina Castilla Cubillán, alias Deilys, una posible integrante del ELN señalada de participar en un ataque a la Policía Nacional que dejó tres personas muertas y tres más heridas, el pasado 24 de mayo, en Tibú (Norte de Santander).
La evidencia obtenida da cuenta de que la mujer, de nacionalidad venezolana, se habría trasladado al casco urbano del municipio para identificar los movimientos y rutinas de una patrulla, y definir el punto exacto en el que sería instalada una carga explosiva.
Alias Deilys, presuntamente, apoyó la adecuación y ubicación del artefacto en la base de un poste de electricidad en el sector conocido como ‘La Uno’, y acompañó la posterior activación justo en el momento en el que cruzaban una camioneta de la Policía Nacional y un bus de servicio público.
Producto de la acción criminal murieron una mujer, el patrullero Andrés Idárraga Orozco y el subintendente Ángelo Raúl Martínez; asimismo, resultaron heridos dos uniformados y un civil.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Organizaciones Criminales imputó a Castilla Cubillán los delitos de homicidio agravado; fabricación, porte de armas, municiones de uso restringido, uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y daño en bien alejo.
Esta información se publica por razones de interés general.
JMSV/JARG/RT/DECOC/
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
