La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión y rebelión agravada.
El material probatorio obtenido por la Fiscalía General de la Nación y las denuncias de varias víctimas de extorsión fueron determinantes para que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en cárcel contra Rosman de Jesús Legarda Moreno, alias Turco, presunto cabecilla de una red de apoyo de la compañía ‘Héroes de Tarazá’ del ELN.
Las investigaciones dan cuenta de que este hombre sería el responsable de exigencias económicas a comerciantes y transportadores en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. También se le atribuye la imposición de cuotas a los mineros ilegales y traficantes de estupefacientes.
Hay indicios de que alias Turco, supuestamente, ordenaba la activación de artefactos explosivos contra la fuerza pública y los bienes de las victimas que no accedían al pago de extorsiones.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a Legarda Moreno los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión y rebelión agravada.
Alias Turco fue capturado en una acción conjunta de la Fiscalía, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en la vereda Raudal de Valdivia (Antioquia).
Las labores investigativas contra la criminalidad organizada fueron definidas como una prioridad por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
LMBG/JARG/DECOC
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
