Julio César Rivas Rivas habría participado en un enfrentamiento armado con las disidencias de las Farc en zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca), que generó afectaciones a la población civil.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos pruebas que dan cuenta de la participación de Julio César Rivas Rivas, alias Conan, el señalado cabecilla de una estructura del ELN en el Pacífico vallecaucano, en la venta de estupefacientes y la utilización de artefactos explosivos contra la fuerza pública y la población civil.
En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo y rebelión. Los cargos no fueron aceptados.
Las investigaciones indican que alias Conan estaría involucrado en la compra de la pasta base de coca en zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca), y su posterior venta a redes narcotraficantes colombianas, mexicanas y panameñas. Al parecer, cobraba 10 millones de pesos por cada kilogramo y realizaba las entregas en la bocana del río Guapi.
Asimismo, sería el articulador principal de una violenta confrontación con la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc por el control de las rentas ilícitas en la región. En uno de esos enfrentamientos armados, en noviembre de 2023, habría ordenado el lanzamiento de explosivos, situación que generó zozobra y afectaciones a las comunidades que habitan las veredas Cacolí, San Francisco, El Tigre, Papayal y El Barco, en Buenaventura.
Alias Conán fue capturado en una acción conjunta de la Fiscalía, la Armada Nacional y la Policía Nacional.
Esta información se publica por razones de interés general.
JMSV/JARG/ZP/DECOC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
