11 personas fueron judicializadas. Estarían involucradas en el robo de más de 114.000 galones de combustible.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de 11 presuntos integrantes de una estructura delincuencial, señalada de perforar el poliducto de Puerto Salgar – Cartago y extraer hidrocarburos para comercializarlos a expendios clandestinos en Bogotá, ciudades del Eje Cafetero, Antioquia y otros puntos del país.
La actividad ilícita de apoderamiento se hacía en la noche. En diferentes tramos del tubo, identificados previamente, al parecer, eran instaladas válvulas tipo collarín, las cuales permitían sustraer el combustible, almacenarlo en pimpinas y, posteriormente, transportarlo en vehículos de carga a centros de acopio en Caldas y Quindío.
Asimismo, se conoció que para el traslado de los hidrocarburos hurtados, supuestamente, las personas que hacían parte de la red ilegal utilizaban vías terciarias y trochas. De esta manera, intentaban evadir los controles de las autoridades; sin embargo, se exponían a choques. El 23 de enero de 2020, un camión que transportaba 364 galones de diésel cayó a la quebrada Partidas, en Chinchiná (Caldas). Producto del accidente, la fuente hídrica fue contaminada por el vertimiento del combustible. Los responsables escaparon del lugar.
Los reportes oficiales dan cuenta de la pérdida de 80.000 barriles de combustibles en el poliducto Puerto Salgar – Cartago. Las incautaciones y el material de prueba obtenido dan cuenta de que esta estructura estaría involucrada en la extracción ilegal de más 114.000 galones de ACPM, gasolina y otros productos.
Clan familiar
Los señalados cabecillas de la red serían los hermanos César Augusto, Daniel Felipe y Carlos Alberto Gómez Gómez, quienes estarían involucrados en la coordinación de todo el andamiaje, desde la instalación de las válvulas hasta la venta del hidrocarburo. Estos tres hombres cumplían medida de aseguramiento de detención en el lugar de residencia, luego de ser capturados en situación de flagrancia el 16 de mayo de 2020, mientras transportaban 33 pimpinas de combustible hurtado.
Ahora, volvieron a ser detenidos junto a ocho de sus presuntos colaboradores, en una acción conjunta de la Fiscalía y la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir y apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan. Por disposición de un juez de control de garantías, ocho de los procesados, entre ellos los hermanos Gómez Gómez, fueron enviados a la cárcel. Los afectados con esta decisión son:
- Rubén Darío Sánchez Toro, alias El Viejo, presunto encargado de elaborar las válvulas tipo collarín y de coordinar el transporte del combustible.
- Jorge Iván Gómez Gómez, alias Toto, quien sería el responsable de las actividades de cargue y descargue de las pimpinas.
- Alonso Vásquez Bilbao, alias Mono, señalado de instalar las válvulas.
- Édison Galvis Calle, alias Fox. Al parecer, ayudaba a ubicar los tramos para perforar el poliducto.
- Wilson López Giraldo, alias Chacho, supuesto ‘campanero’.
Los otros tres detenidos recibieron medida de aseguramiento de detención en el lugar de residencia.
Esta acción judicial responde a los lineamientos definidos por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024.
La Fiscalía pública esta información por razones de interés general.
LMBG/JARG
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
