Harían parte de un grupo delictivo conocido como ‘Renacer’, responsable de arrebatarles los bienes a los propietarios legítimos y entregárselos a terceros para venderlos.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó ante un juez de control de garantías a 10 presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Renacer’, entre ellos al concejal de Puerto López (Meta), Carlos Orlando Heredia Leal, y al exinspector de policía, Carlos Gilberto Romero Parrado, como presuntos responsables de desplazamientos y usurpación de tierras en el oriente del país.
Estas personas fueron imputadas por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de desplazamiento forzado, desplazamiento forzado, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada; y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada.
Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Además de los funcionarios, los otros afectados con la decisión son: Sibel Rubiano Galvis, Carlos Enrique Osorio, Álvaro Cegua García, Luis Eduardo Quiceno Tonguino, Celerino Marín Moreno, Bernardo Antonio Ramírez Montoya, Manuel Leonardo García Herrera y Pedro Alejandro Rojas Campos.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, ‘Renacer’ desplazaba a los dueños de fincas en Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán (Meta). Posteriormente, el concejal Heredia Leal y el exinspector Enrique Osorio, al parecer, facilitaban los trámites administrativos para que los predios pasaran a manos de terceros, quienes los vendían como propios a la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
En otras ocasiones las propiedades habrían sido utilizadas para actividades delictivas relacionadas con narcotráfico y tráfico de armas. Hasta el momento han sido acreditados tres eventos delictivos que involucran a igual número de fincas.
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JMSV/JARG/MM/DECOC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.