A esta estructura ilegal se le atribuye la dinamización del tráfico de estupefacientes, las extorsiones y el hurto de vehículos en el Valle de Cauca.
Por petición de la Fiscalía, un juez penal municipal con función de control de garantías de Buga (Valle del Cauca) impuso de medida de aseguramiento carcelaria contra John Jairo Moreno Cardona y Sebastián Gómez Correa. Estas personas serían responsables de los delitos fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones; tráfico fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.
Los procesados pertenecerían a la columna Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc a la cual se le atribuye la dinamización del tráfico de estupefacientes, las extorsiones y hurto de vehículos ocurridos en el Valle de Cauca. También serían responsables de ataques contra la Fuerza Pública encargada de patrullar la zona.
También se evidenció que este grupo armado residual habría participado en el ataque contra la estación de Policía de Pradera (Valle del Cauca), ocurrido el pasado 27 de junio, cuando hombres que se movilizaban en una motocicleta cometieron el frustrado atentado.
Los investigados fueron capturados por la Policía Nacional en dos operativos de registro y allanamiento adelantados en inmuebles del municipio de Pradera. Durante estas acciones se logró la incautación de un objeto cilíndrico similar al lanzado contra la estación de Policía. Además, se incautaron tres celulares, una bolsa plástica transparente con 13 cartuchos de arma de fuego y clorhidrato de cocaína.
Esta información se publica por razones de interés general.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
