Como presunto responsable de peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos  en contra del exalcalde de San Juan de Urabá (Antioquia) Emilio Beltrán Cuadrado.  Con la misma decisión fue afectado el exsecretario de planeación municipal Joaquín Antonio Palacios Meza.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública Seccional Antioquia, en el año 2015, cuando Beltrán Palacios fungía como alcalde municipal, suscribió dos contratos para el mantenimiento de las vías Apartada – Boca Tapada y Bocatoma – Mugrosa, cada uno por una por una cuantía de 18 millones de pesos.  Los convenios fueron firmados con el contratista Diego Armando Yépez González.

Los investigadores establecieron que una vez recibió el dinero convenido para la ejecución de las obras, Yépez González le habría consignado al exmandatario municipal la suma de 28 millones 700 mil pesos en dos transferencias bancarias.

Se evidenció también que el mencionado contratista no habría cumplido con los requisitos necesarios para la realización de las obras pactadas y que sería el propietario de un establecimiento comercial que tenía como objeto un call center. La denuncia fue elevada por la Contraloría General de Antioquia. 

Beltrán Cuadrado y Palacios Meza no se allanaron a los cargos imputados.

La Fiscalía habla con resultados.

LFML/ CQ/MG

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.