La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías de Bogotá a Eva Katherine Carrascal Cantillo, exdelegada para la Supervisión Institucional de la Superintendencia de Salud, por su presunta responsabilidad en la aprobación irregular del plan de restructuración de una Empresa Promotora de Salud (EPS) de Cauca.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que la exfuncionaria habría recibido $300’000.000 del exrepresentante legal de Asmet Salud EPS, Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, quien ya fue judicializado por estos hechos.

En la investigación se conoció que, en 2017, la señora Carrascal Cantillo se reunió con el directivo de la empresa de salud y, supuestamente, se comprometió a ayudarle para que fuera aprobado un modelo de mejoramiento financiero y administrativo de la EPS, a cambio de dinero.

Al parecer, la exfuncionaria recibió un primer pago de $50’000.000 en diciembre de 2017; y el excedente de $250’000.000 en enero de 2018. En ese mismo mes, la Superintendencia de Salud emitió la resolución de reorganización que le permitió a Asmet Salud seguir en funcionamiento.

En ese sentido, la Fiscalía imputó a Eva Katherine Carrascal Cantillo el delito de cohecho impropio. El cargo no fue aceptado.

La procesada se encuentra privada de la libertad por otra investigación que se sigue en su contra por, presuntamente, aceptar $700’000.000 para favorecer EPS, IPS y cajas de compensación familiar.

Esta información se publica por razones de interés.

La Fiscalía habla con resultados.

LAGP/JARG/EAC/

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.