El procesado habría favorecido una empresa aparentemente relacionada con la red de corrupción dirigida por el exsenador Mario Castaño.
La contundencia del material probatorio aportado por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, permitió que una juez con función de control de garantías impusiera medida restrictiva de la libertad a Juan Fernando Ospina Nieto, exsecretario de Gobierno y alcalde encargado del municipio de La Merced (Caldas).
El ente acusador demostró la presunta participación del procesado en el direccionamiento irregular de dos contratos suscritos en 2021. El primer contrato, por 239 millones de pesos, tenía por objeto la intervención y estabilización de taludes en el municipio de La Merced. El segundo, por 12 millones de pesos, estaba destinado al suministro e instalación del cielo raso del Palacio Municipal.
La evidencia recopilada determinó que una empresa y un consorcio seleccionados fueron informados previamente sobre las condiciones para adjudicar los proyectos, y que las exigencias fueron ajustadas en favor de los adjudicatarios.
La Fiscalía constató que el segundo contrato fue suscrito por el investigado, quien para entonces fungía como alcalde encargado. Producto de estas irregularidades Ospina Nieto habría recibido como contraprestación la suma de 800 mil pesos.
La fortaleza argumentativa de la Fiscalía, hizo que el procesado aceptara su responsabilidad en cuanto a la autoría del delito de interés indebido en la celebración de contratos. Ospina Nieto, se comprometió a devolver a la tesorería el municipio el dinero que recibió y a renunciar al cargo de alcalde encargado.
En desarrollo de las diligencias judiciales, la jueza le impuso al procesado medida de aseguramiento domiciliaria.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LAGP/MAGA/ACC/MAPCH/DECC/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
