Al parecer, la Fiscalía evidenciaría 13 eventos ilícitos en los que los funcionarios solicitarían dinero para expedir certificados falsos a infractores.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra dos agentes activos de la Policía Nacional que, al parecer, pidieron dinero a cambio de no imponer un comparendo y de evitar la incautación de un arma que no tendría el permiso de porte, en hechos registrados en la ciudad de Cali (Valle del Cauca).
Los cobijados con la medida emitida por el Juez 26 Penal Municipal con funciones de control de garantías son: el intendente Juan Diego Gutiérrez y el patrullero Diego Fabián Chitiva Gil, a quienes la Fiscalía los imputó como presuntos responsables de concusión, violación de datos personales y falsedad ideológica en documento público.
De acuerdo con la investigación y las evidencias recaudadas por el ente acusador, los dos uniformados de la Estación de Policía de La Flora, en el norte de Cali, encargados del Registro Nacional de Medidas Correctivas de la institución, al parecer constriñeron a un ciudadano, exigiéndole, presuntamente, el pago de $500.000 para no incautarle un arma traumática y no imponerle comparendo por la violación de medidas sanitarias establecidas por el Covid-19.
La víctima instauró una denuncia en la Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde fue interrogado por un fiscal seccional y presentó material que supuestamente probaba el constreñimiento. Por tal razón, se ordenaron actividades investigativas de Policía Judicial, interceptaciones de líneas telefónicas, autorizadas por autoridad competente, búsquedas selectivas, entrevistas a otros ciudadanos víctimas, y verificaciones dentro de la misma Estación.
El material probatorio recopilado por el ente acusador evidenciaría que tanto el intendente Juan Diego Gutiérrez y el patrullero Diego Fabián Chitiva Gil, habrían exigido dinero a presuntos infractores del Código Nacional de Policía. Al parecer, cerraban los casos en el sistema y expedían certificados que contenían información falsa, ya que no estaban facultados para resolver de fondo sobre la imposición o exoneración de multas a los ciudadanos.
La Fiscalía logró asociar 13 eventos ilícitos de este tipo, supuestamente manipulados por los dos uniformados.
A los dos agentes, el Comando de la Policía Metropolitana ordenó separarlos de sus cargos y remitió el caso a la Inspección General de la institución para la investigación interna respectiva.
El ente investigador solicitó a las autoridades penitenciarias y a las de salud revisar el estado médico de los asegurados para garantizar que esté en buenas condiciones para su traslado al lugar de reclusión.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
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