Ante un juez con función de control de garantías la Fiscalía General de la Nación, le imputó cargos a Gilberto Moreno Ardila, exdirector encargado del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), y el exrepresentante legal de Rayco ltda, Rodrigo Aristizabal, por su presunta responsabilidad en las irregularidades presentadas en el contrato 331-2019 suscrito con Rayco Ltda y la AMB.
Moreno Ardila deberá responder por los delitos de delito de interés indebido en celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo y sucesivo.
Mientras que a Aristizabal le fueron imputados los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo y sucesivo en concurso con fraude aduanero.
De acuerdo con la investigación y el material probatorio recaudado, el contrato suscrito el 1 de octubre de 2019, con un plazo de tres meses, entre el entonces director encargado de AMB, y el representante legal Rayco ltda, por un monto $3.724. 774.000, presenta múltiples irregularidades.
Entre ellas que la adición del contrato por un valor de 397’131.496 pesos, se realizó pese a que existía una medida cautelar proferida por el Tribunal Administrativo Contencioso de Santander, quien en acción de nulidad como medida cautelar suspendió la autoridad ambiental del Área Metropolitana de Bucaramanga, y como consecuencia la utilización de los recursos de la sobretasa ambiental, con los que se le pagó al contratista.
Dicho contrato tenía objeto “la adquisición, instalación, articulación y puesta en funcionamiento de la primera fase del proyecto territorios inteligentes”.
Asimismo, en la audiencia de imputación de cargos fueron citados el exdirector titular de la AMB, Rodolfo Torres Puyana, y la profesional en contratación, Silvia Juliana Villareal Meza, quienes no se presentaron.
Los imputados no se allanaron a cargos. Para los próximos días quedó programada la audiencia en la que se definirá la imposición de medida de aseguramiento para los dos investigados por parte del juez de garantías.
Estos resultados responden a la estrategia investigativa para contrarrestar la corrupción en la administración pública, según lo dispuesto por el , quien priorizó esta investigación con el fin de garantizar el buen uso de los recursos públicos.
La Fiscalía hace pública esta información por considerarla de interés general.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
