Es investigado por, supuestamente, entregar $300’000.000 para que la entidad fuera favorecida en un proceso de reorganización que se seguía en la Superintendencia de Salud.
La Fiscalía General de la Nación tiene nuevos elementos de prueba que vincularían a Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, ex representante legal de Asmet Salud EPS, en otros hechos de posible corrupción ocurridos mientras ejerció como directivo de la citada Empresa Prestadora de Salud en Cauca.
Esta persona, al parecer, entregó $300’000.000 a Eva Katherine Carrascal Cantillo, quien se desempeñó como superintendente delegada para la Supervisión Institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, con el propósito de recibir ayuda para resolver favorablemente un plan de reorganización presentado por la EPS. La señora Carrascal Cantillo también será imputada por estos mismos hechos próximamente.
Hay indicios de que, en el trascurso 2017, presuntamente hubo reuniones entre Aguilar Vivas y la entonces funcionaria para concertar un modelo de mejoramiento financiero y administrativos de Asmet Salud. A finales de ese año, supuestamente, se hizo una entrega de $50’000.000.
Posteriormente, en enero de 2018, el exrepresentante legal de la EPS habría dado el excedente del dinero ($250’000.000) y habría recibido a cambio la resolución de reorganización que le permitió a la entidad seguir en funcionamiento.
En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Gustavo Adolfo Aguilar Vivas el delito de cohecho por dar u ofrecer. El cargo no fue aceptado por el investigado.
Esta persona fue judicializada recientemente y permanece privada de la libertad por la supuesta apropiación de más de 21.000 millones de pesos del Sistema General de Salud.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LAGP/JARG/EAC/MCRC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
