Según el ente acusador el contrato se liquidó, pero no se ejecutó en su totalidad. También fue judicializado Wilmer Herrera Valencia.
Alina Vanesa Aguilar Gonzáles, exsecretaria de agricultura de la gobernación de Caquetá fue imputada por la Fiscalía como presunta responsable de los delitos de peculado por apropiación agravado, en concurso heterogéneo con el delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. Lo propio hizo un despacho seccional adscrito a la Unidad de Administración Pública con Wilmer Herrera Valencia exrepresentante de la ONG Misión Verde Amazonía. Ninguno de los cargos fue aceptado por las implicadas.
Los hechos
El 13 de febrero del año 2013 Aguilar y Herrera suscribieron el Convenio 005 para reforestar 50 hectáreas en las cuencas hidrográficas de los acueductos de los municipios caqueteños de San José del Fragua, Curillo, Belén de los Andaquíes, San Vicente de Caguán y El Paujil.
El valor inicial del convenio fue de 317’043.000 de pesos, de los cuales la gobernación de Caquetá aportó 262’043.000 de pesos y, posteriormente, adicionaron 114’000.000 de pesos.
Según las labores investigativas, la secretaria departamental de agricultura para el momento de los hechos liquidó el convenio cuando aún faltaban 44.3 hectáreas por reforestar, suma a esta anomalía, al parecer, se habrían presentado otras que están siendo investigadas por el CTI del grupo anticorrupción de la Seccional Caquetá de la Fiscalía.
Estos resultados hacen parte de la política institucional del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, “En la calle y en los territorios” en su lucha contra la corrupción.
La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.
PAAM/MAGA/LABB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
