Habrían desembolsado la millonaria suma por supuestos servicios de salud para pacientes con enfermedades mentales y personas con adicción a las drogas.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó ante un juez de control de garantías a cuatro exfuncionarias de la Gobernación de Sucre, presuntas responsables de irregularidades detectadas en un contrato suscrito y ejecutado entre 2012 y 2013 con un Instituto Prestador de Salud (IPS).
Las procesadas son las exdirectoras del Departamento de Salud de Sucre, Judy Mary Zuleta Vergara, Martha Del Carmen García Díaz y Julissa Lizet Mercado Gutiérrez; y la exsecretaria de Hacienda Keyna María Mebarak Covaleda, a quienes les fue imputado el delito de peculado por apropiación en favor de terceros.
Estas personas habrían participado en el desembolso de $8.000 millones de pesos a la IPS encargada de la prestación de urgencias, servicios de hospitalización y tratamiento integral no incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS) para usuarios con afectaciones mentales o adicciones a las drogas.
Las entonces funcionarias, supuestamente, tramitaron cobros y avalaron pagos sin verificar las facturas, historias clínicas y otra documentación presentada por la IPS. De esta manera, al parecer, no se percataron o pasaron por alto que la ejecución del contrato fue sustentada con pacientes ‘fantasma’, que nunca recibieron atención.
Adicionalmente, las investigaciones dan cuenta de que la entidad, presuntamente, fue creada con ocasión del contrato investigado. Es así como no contaba con la experiencia e idoneidad ni estaba habilitada en su componente médico y administrativo para prestar los servicios que le asignó la Gobernación de Sucre.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LAGP/JARG/EAC/MCRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
