Hay indicios de 39 ingresos irregulares al sistema SPOA para obtener datos de investigaciones.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Edilberto Suárez Cepeda, funcionario del CTI, y a su esposa Luz Emilia Chávez Chiriví, pensionada de la misma entidad, como presuntos responsables de extraer de manera ilegal información reservada del sistema SPOA, que registra todas las actuaciones judiciales de la Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio.
En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a la pareja el delito de violación de datos personales agravado. El cargo no fue aceptado.
De acuerdo con el material de prueba, Suárez Cepeda habría ingresado en 39 ocasiones, sin autorización u orden judicial, al sistema SPOA y obtuvo datos privilegiados sobre el estado de las indagaciones o investigaciones contra personas denunciadas por diferentes conductas delictivas.
El funcionario, al parecer, entregaba la información a su esposa, quien sería la encargada de compartirla a familiares, amigos o terceros que la contactaban para conocer detalles sobre los procesos en su contra.
Estas irregularidades, supuestamente, ocurrieron entre noviembre de 2017 y julio de 2018. Adicionalmente, hay indicios de posibles accesos ilícitos a la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Por la venta, alteración o eliminación de información contenida en el SPOA son investigadas otras siete personas, entre ellas, funcionarios y particulares. De igual manera, la Fiscalía obtuvo una condena vía preacuerdo.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LAGP/JARG/EAC/MCRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
