Un juez con función de control de garantías de Pereira dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad, en lugar de domicilio contra los servidores de policía de vigilancia Héctor Darío Ferrer Velásquez y Christian David Valencia, quienes están siendo judicializados porque, al parecer, le solicitaron dinero a un particular a cambio de no inmovilizar su vehículo.
La Fiscalía apeló la decisión del juez de garantías sobre la medida impuesta por considerar que tenía suficientes argumentos para solicitar que la misma fuera impuesta en centro carcelario.
En audiencias concentradas fueron imputados los hoy investigados por la Fiscalía por el delito de concusión agravada, cargos que ninguno aceptó.
Los hechos se presentaron, al parecer, el 2 de octubre pasado en el Sector de la Villa Olímpica. Se presume que en ese sitio los imputados, policías adscritos al CAI Belmonte, habrían montado un puesto de control y procedieron a verificar la documentación del automóvil de la víctima quien, al parecer, tendría el seguro obligatorio vencido. Ante la posibilidad una inmovilización, los agentes le habrían ofrecido al conductor la posibilidad de ‘arreglar’ directamente con ellos y así evitar llamar a la grúa y llevarse el automóvil.
Se presume que los imputados le solicitaron a la víctima 141.500 pesos, costo de la mencionada grúa, suma que habría sido transferida a una cuenta, al parecer, a nombre de un familiar de uno de los investigados.
Ferrer Velásquez y Valencia fueron capturados por parte de servidores del CTI en el comando de la Policía Metropolitana de Pereira.
La concusión lesiona la moral de la gestión pública y es por eso que la Fiscalía, en atención al direccionamiento del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, lucha contra este tipo de delitos.
La Fiscalía publica esta información por considerarla de interés general.
CLCG/MAGA/MCHA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
