Luego de resolver el recurso de apelación elevado por la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 27 Penal del Circuito de Medellín revocó la medida de aseguramiento no privativa de la libertad e impuso medida de detención domiciliaria en contra de 6 militares y 5 civiles, investigados por delitos como concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer, falsedad material en documento público, peculado por uso y administración desleal.

La decisión afecta a los coroneles del Ejército Nacional retirados Germán Alfredo Pabón Contreras, Roger Arturo Calderón Garzón, Eunison Leonardo Fonseca Reita, Juan Manuel Ordóñez Vallejo y Luis Eduardo Castillo Arbeláez; lo mismo que al coronel activo Elvis Leandro Mejía Egas, quienes se desempeñaron como comandantes o jefes de Estado Mayor del Batallón Rifles acantonado en el municipio de Caucasia (Antioquia).

Con la misma medida restrictiva de la libertad fueron cobijados los particulares Claudia Marcela Herrera Galvis y Darney de Jesús Ceballos, quienes se desempeñaban como representantes legales de dos empresas multinacionales mineras con sede en la capital antioqueña.

Igual determinación pesa contra Jhon Fredy Henao zapata, Alirio Vásquez Rodríguez y Jaime Alberto Agón Camacho, quienes laboraron como jefes de seguridad de las compañías mineras.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública con el apoyo del Grupo Anticorrupción de la Dijín , entre mayo de 2015 y junio de 2018, los militares y civiles habrían suscrito 18 acuerdos de seguridad por una cuantía de 904 millones de pesos, para brindar protección a las empresas multinacionales para las labores de exploración y explotación minera.

Estas actividades obligaron al traslado de equipos y tropas a diversas zonas de los departamentos de Antioquia y Córdoba sin la debida autorización del Ministerio de Defensa.

En decisión de primera instancia, el Juzgado 24 Penal Municipal de Medellín consideró que sí había inferencia razonable de autoría para un delito de cohecho, pero se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en contra de los civiles y militares investigados.   El fallador de segunda instancia revocó el fallo inicial y ordenó la medida restrictiva de la libertad en el domicilio de los investigados, luego de determinar que si se cumplían los fines de una detención preventiva.

La investigación se adelanta bajo los lineamientos del Fiscal General de la Nación Francisco Barboss Delgado, de combatir la corrupción en las Fuerzas Militares.

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.

LFML/ AL/MG

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.