Luego de acoger la solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria, contra Diego Fernando Martínez, servidor del CTI, como presunto responsable de suministrar información a grupos al margen de la ley en el departamento del Cauca.
Las acciones dispuestas por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para garantizar transparencia y legalidad en el desempeño de los funcionarios de la entidad, permitieron identificar la supuesta conducta ilegal del hoy imputado, la cual estaría afectando las labores investigativas contra la criminalidad organizada en esa localidad.
Elementos, material probatorio y evidencia física dan cuenta de los supuestos nexos que tendría el servidor del CTI, conocido como ‘El Doctor’, con la estructura disidente Carlos Patiño, que delinque en inmediaciones del río Patía.
Según el ente acusador, el investigado al parecer colaboraba activamente, suministrando información reservada que entregaba a la organización criminal sobre asuntos jurídicos, procedimientos operativos y actividades logísticas programadas en donde se favorecía dicha organización.
En ese sentido, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, a través de su policía judicial, capturó al funcionario del CTI, y realizó varias diligencias de allanamiento y registro en Cajibío y la capital caucana.
En las audiencias preliminares, la Fiscalía le formuló imputación de cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, asesoramiento a grupos al margen de la ley y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.
La Fiscalía General de la Nación pública esta información por razones de interés general.
MAP/MG/RP
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
