La Fiscalía General de la Nación tiene indicios de que Jesús Alejandro Garzón Rincón, abogado sustanciador del Ministerio Público, habría solicitado dinero para acomodar los fallos.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Jesús Alejandro Garzón Rincón, funcionario de la Procuraduría General de la Nación, quien como abogado sustanciador de la Delegada Auxiliar para Asuntos Disciplinarios habría recibido dinero para interceder en el sentido de algunas decisiones de esa dependencia.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a esta persona el delito de concusión. El cargo no fue aceptado por el procesado. Ante el posible riesgo de alterar elementos de prueba, una juez de control de garantías de Bogotá le impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria en el lugar de residencia.
Las actividades investigativas permitieron conocer que Garzón Rincón estaría involucrado en dos hechos de corrupción.
En el primero, ocurrido en diciembre de 2019, presuntamente solicitó, a través de terceras personas, 300 millones de pesos al senador Richard Alfonso Aguilar Villa para supuestamente orientar un fallo disciplinario a su favor, en un proceso por presuntas irregularidades de contratación cuando fue gobernador de Santander.
El segundo evento se presentó en marzo de 2019. Hay evidencia de que el entonces abogado sustanciador habría asesorado telefónicamente a un mayor de la Policía Nacional para interponer acciones legales y obtener una decisión que le permitiera recibir sueldos dejados de percibir por una suspensión disciplinaria en su contra.
La Fiscalía General de la Nación publica esta información por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados
LAGP/JARG/EAC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
