Con la Resolución 016 del 20 de febrero de 2026 se fortalece la capacidad institucional para investigar y judicializar los delitos informáticos que puedan afectar el proceso electoral. Esta estrategia busca proteger la infraestructura digital, los activos tecnológicos vinculados a las elecciones y garantizar una respuesta inmediata y articulada frente a cualquier amenaza cibernética.