Operación Frenocomio III

Capturadas seis personas entre médicos, abogados, tramitadores y trabajadores de una multinacional que certificaron enfermedades psiquiátricas y físicas para pensionar a trabajadores.

La Fiscalía General de la Nación sigue en su propósito de poner al descubierto todos los eslabones de la cadena criminal que afectó los recursos públicos del sistema pensional y permitieron que un grupo de trabajadores se pensionara por invalidez sin tener limitaciones físicas ni cumplir los requisitos para alcanzar ese reconocimiento.

En Valledupar (Cesar), Barranquilla (Atlántico) y Santa Marta (Magdalena), personal de policía judicial de la Fiscalía hizo efectivas seis órdenes de captura contra presuntos integrantes de una organización que, con la supuesta expedición de certificaciones médicas falsas y trámites ante Colpensiones y algunos fondos privados, lograron que empleados de tres multinacionales mineras obtuvieran niveles de incapacidad física o psiquiátrica superiores al 50%, lo que les permitió jubilarse.

Las personas detenidas cumplían diversos roles y estarían estrechamente ligadas a otros 12 capturados hace apenas 40 días, en la primera fase de la operación denominada ‘Frenocomio’.

Los detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías en Valledupar (Cesar), y un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la seccional les imputará los delitos de:

  • Concierto para delinquir.
  • Cohecho por dar u ofrecer.
  • Fraude a resolución judicial.

En las diligencias los investigadores recaudaron importante material probatorio que permitirá individualizar a funcionarios y otros presuntos involucrados en esta modalidad de defraudación al sistema de pensiones que podría superar los $90.000’000.000.

El fraude pensional

Gracias a testimonios, controles técnicos a comunicaciones, inspecciones, agentes encubiertos, entre otras técnicas investigativas avaladas judicialmente, la Fiscalía constató que varios empleados con limitaciones físicas leves, al  parecer, contactaron a los señalados integrantes de esta estructura para que intervinieran y lograran que la Junta Regional de Calificación en Cesar, les certificara un elevado porcentaje de pérdida de la capacidad laboral por enfermedad psiquiátrica o una patología general permanente.

De acuerdo con los elementos recopilados, un grupo de médicos de diferentes especialidades, algunos contratistas y trabajadores de las multinacionales mineras, supuestamente, preparaban y expedían la documentación, las declaraciones y otros trámites falsos que daban apariencia de legalidad al ilícito.

Asimismo, se conoció que abogados, con el aparente apoyo de empleados de juzgados labores, serían los encargados de interponer tutelas cuando la entidad afectada apelaba el dictamen que respaldaba el reconocimiento de las pensiones por invalidez.