Por irregularidades en contratación cuando era Secretario de Gobierno de Onzaga (Santander).

Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario al alcalde de Mogotes, Doryam Jovanny Rodríguez Avellaneda, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales y prevaricato por omisión.

La investigación en su contra, que se realiza en el marco del programa Bolsillo de Cristal de la Fiscalía, comenzó por una compulsa de copias por parte de la Contraloría General de Santander que daba cuenta de posibles irregularidades en la contratación por parte del hoy alcalde, quien para la época de los hechos 2008-2011 fungió como Secretario de Gobierno de Onzaga (Santander).

Los contratos investigados son el número 016 de 2 de febrero de 2009, celebrado entre la Cooperativa Gente Líder y el municipio, por un valor de 18 millones de pesos para la elaboración del manual de contratación , en el cual Rodríguez Avellaneda firmó el estudio de conveniencia y a su vez era el supervisor del contrato.

El ente investigador halló anomalías en la etapa precontractual, ya que el informe de conveniencia y oportunidad no indicaba valor del contrato y se realizó con el valor del único proponente, sin existir análisis o estudio de otras propuestas. Además el funcionario no cumplió su labor de supervisor de vigilar y controlar la ejecución del mencionado contrato.

Asimismo se detectaron irregularidades en el contrato 058 del 30 de septiembre de 2009, también celebrado con la Cooperativa Gente Líder por un valor de 31 millones de pesos,  con el objeto de realizar la capacitación y asesoría en el proceso financiero relacionado con el marco fiscal de mediano plazo, su relación con el presupuesto  y el fortalecimiento de  la capacidad técnica de la Secretaría.

Durante la investigación se pudo determinar que en el 2008 ya se había realizado un contrato con el mismo objeto; a pesar de que eran funciones inherentes a la Secretaría contratante.

La imposición de medida de aseguramiento intramuros proferida por el Juez Cuarto Promiscuo Municipal de San Gil fue apelada por la defensa, mientras tanto Rodríguez Avellaneda deberá cumplirla en el centro carcelario que designe el Instituto Nacional  Penitenciario y Carcelario (Inpec). Por el momento, permanece en las instalaciones de la Fiscalía en San Gil.

 

DRAO/DLBM