Al culminar el juicio en contra de Camilo Javier Garzón García, abogado de 53 años, la Fiscalía 31 de la Unidad Especializada de Derechos Humanos y DIH solicitó sentencia condenatoria, por los hechos ocurridos el 14 de marzo de 2006, en Villavicencio (Meta).
Ante el Juzgado 2° Penal del Circuito Especializado, la Fiscalía presentó alegatos tendientes a demostrar la responsabilidad del abogado, en calidad de determinador, procesado como persona ausente, por la muerte de Tomás Garzón Roa, quien para la época de los hechos era Procurador 27 Judicial 2 Penal de Villavicencio.
De acuerdo con la investigación, el legista, quien trabajaría para integrantes de las autodefensas en procesos por narcotráfico y extinción de dominio, entre otros, supuestamente en reunión sostenida con Manuel de Jesús Pirabán, alias Jorge Pirata, y José Oliveiro Guerrero Castillo, alias Didier o Cuchillo, habría sugerido que mataran a Garzón Roa porque obstruía el desarrollo de los casos que se adelantaban contra ellos, porque siempre hacía apelaciones, pese a tener resueltas otras instancias.
Aunque según se conoció, inicialmente habrían intentado pagarle al Procurador Garzón Roa por su “colaboración”, este no aceptó y ordenaron su muerte. Al parecer, el abogado Garzón García junto con su conductor, Víctor Hugo García Alfonso, fueron los encargados de conseguir los sicarios y la información sobre cuándo y dónde se encontraba la víctima, para asesinarlo.
El día del homicidio, el Procurador se encontraba en la sede de la Octava de la Fiscalía en Villavicencio, de donde dieron aviso. Allí llegaron Rusbel Esneider Díaz Agudelo, quien disparó, y Gustavo Adolfo Ortíz Franco, conductor de la motocicleta, quienes lo siguieron hasta el barrio 7 de Agosto, en el sector céntrico de la ciudad y le dispararon cuando pasaba frente a un almacén de automotores.
Dentro de los detalles de la investigación, la Fiscalía determinó que el abogado Garzón García estuvo en la cárcel La Picota de Bogotá el 22 de febrero de 2006 y contactó a Miguel Rivera Jaramillo, alias Wilson W, jefe de sicarios en la capital del Meta de Miguel Arroyave y Manuel de Jesús Pirabán, alias Jorge Pirata (comandante militar del Bloque Centauros de las AUC), quien lo contactó con los hombres que mataron al Procurador 20 días después.
A la espera del fallo dentro de este proceso de Ley 600, por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, tráfico y porte de armas, se encuentra la Fiscalía de Derechos Humanos en Villavicencio.
Con esta sentencia condenatoria quedaría cerrado este proceso, donde los demás implicados ya fueron condenados o aceptaron cargos dentro de la ley de Justicia y Paz.
La Fiscalía también espera que se haga efectiva la orden de captura emitida desde 2009 contra el procesado.
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