Un juez de control de garantías de Corozal (Sucre) impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de José Manuel Gamarra Navarro, exalcalde de Galeras, en el mismo departamento, y otros exfuncionarios de su administración por irregularidades en materia de contratación.
Dentro del plan Bolsillos de Cristal, cero tolerancia a la corrupción, la Fiscalía Seccional de Sucre también investiga en ese caso a Jader Salomón Lozano Herrera, ex profesional universitario adscrito al despacho del alcalde; Domingo Guillermo Ramos Ruz, contratista y a
Ismael Antonio Mejía Coronado, exsecretario de Educación.
El exburgomaestre y las otras tres personas son investigadas por las presuntas irregularidades encontradas en procesos de contratación efectuados por la alcaldía en 2015, las cuales afectaron directamente la población infantil de esa localidad, toda vez que eran dineros dirigidos a comedores comunitarios que alimentaban a más de 300 niños de escasos recursos, sin embargo esos fondos nunca llegaron a su destino.
Durante la audiencia el fiscal del caso explicó que en abril y junio de 2015, el alcalde José Manuel Gamarra Navarro, con varios de sus asesores, celebró varios contratos para el suministro de menaje de cocina y comedor con Domingo Guillermo Ramos Ruz, a efectos de proveer de tales alimentos a los niños de las instituciones educativas Sagrado Corazón de Jesús y Antonio Nariño.
No obstante, el contratista nunca cumplió con el objeto de este contrato pues no tenía la idoneidad para proceder de conformidad, porque entre otras situaciones, no tenía la seguridad social al día; en los estudios previos, no se contemplaron las especificaciones técnicas económicas del contrato; el objeto social del establecimiento comercial no era suministro de elementos de cocina yel proceso contractual tampoco fue publicado en la página Secop; pese a todo lo anterior, el Secretario de Educación de la época, certificó que el contratista si cumplía con todos los requisitos para contratar.
Los contratos le costaron al municipios $17.450.000 y
$10.000.000.
Por estos hechos la Fiscalía les imputó cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros, falsedad ideológica en documento público y uso de documento público falso, que no fueron aceptados por los indiciados.
El juez de control de garantías de Corozal legalizó las capturas e impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en lugar de residencia, la cual fue apelada por la defensa del exalcalde.
AMC/DLBM
