María Paula Castañeda Sandoval fue afectada con medida de aseguramiento domiciliaria, la cual fue solicitada por la Fiscalía delegada ante el Gaula por el delito de extorsión agravada, del que estaba siendo víctima el propietario de una camioneta, a quien presuntamente le exigía el pago de $2 millones para devolverle el automotor.

La joven de 20 años fue detenida por servidores del CTI componente Gaula Ejército de Risaralda, durante un plan de entrega que ella acordó con la víctima este 23 de noviembre en la Terminal de Transportes Salitre de Bogotá (Cundinamarca).

A su encuentro, el afectado le entregó un sobre con el dinero, y ella las llaves del vehículo que le dijo debía recoger en La Paila, en Riohacha (La Guajira). Posteriormente, la mujer envió una nota de voz en donde le decía a alguien que el hombre había cumplido, que ya tenía el dinero y que no movieran el automóvil.

Durante las audiencias de control de garantías el representante de la Fiscalía le imputó el delito de extorsión agravada con circunstancias de mayor punibilidad por la coparticipación; pues presuntamente no actuó sola, sino con otro hombre con quien el 10 de octubre rentó una camioneta Toyota Fortuner, avaluada en $100 millones, en una empresa de alquiler de autos de Pereira (Risaralda) y que al término del contrato no regresaron.

Refirió la víctima en la denuncia, que la camioneta se la dio a una empresa dedicada al negocio del alquiler, con lo cual siempre ha trabajado para conseguir beneficio económico; y esta a su vez la subarrendó a otra empresa afiliada, que el 7 de noviembre dio aviso a la víctima de que no la habían devuelto.

Es así como se comunicaron con el número de contacto que habían dejado los clientes, encontrándose con que era de un restaurante de propiedad del padre de la mujer. Fue así como se pusieron en contacto con él y este les dio el número de Castañeda Sandoval quien aseguró que no tenía el automotor.

A partir de ese momento empezó un intercambio de llamadas y mensajes de texto entre la joven y la víctima, de tipo amenazante y ofensivo, mediante los cuales le decía que le daría información si inicialmente le consignaba la suma de $100 mil; lo cual hizo la víctima sin reparo a través de una empresa de giros.

Posteriormente le envió fotografías del carro diciéndole que estaba en buen estado, que estaba en Riohacha, y que lo tenía la otra persona que lo alquiló con ella. Que si quería recuperarlo debía pagarle $2 millones o no volvería a saber del vehículo, y que si le contaba algo a su familia o a su madre lo que estaba pasando, atentaría contra los suyos.

La Fiscalía sustentó la necesidad de la medida basada en que si bien no tiene antecedentes, tiene anotaciones por hurto, abuso de confianza y tráfico de moneda falsa, entre otros, los cuales están vigentes.

También por la protección a la víctima, la cual se sintió intimidada y en peligro por la situación de zozobra que generó el haberse sentido amedrentado.

 

 

PAAM/DLBM