Un total de 68 diligencias de allanamiento y registro realizan, en un operativo conjunto, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional, la Armada y el Ejército Nacional, así como la Fuerza Aérea, en zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca), con el fin de contrarrestar la minería ilegal.
El operativo, enmarcado dentro de la política de priorización de la Fiscalía General de la Nación para el Distrito Especial Portuario Ecoturístico y Biodiverso de esa población, se adelantan en las veredas Bendiciones, Zaragoza y La Laguna, ubicadas en corredor vial de la carretera Cabal Pombo que une a Buenaventura con Loboguerrero, entre los kilómetros 32 y 35.
De acuerdo con la investigación adelantada por el CTI de Buenaventura, con apoyo de la Agencia Nacional de Minería, Invías, CVC y la Agencia Nacional de infraestructura, se estableció que en dicho sector se vienen realizando conductas ilícitas contra el medio ambiente relacionadas con la minería ilegal, por parte de personas nativas y foráneas.
Dicha actividad se venía realizando sin el lleno de los requisitos legales, con su consecuente daño al medio ambiente y los recursos naturales, especialmente el recurso hidráulico del Río Dagua, lo que podría generar a futuro daños en la bancada, entre otros.
Los estudios técnicos ambientales preliminares indican que las excavaciones que se han realizado en las márgenes izquierda y derecha de la doble calzada, que superan los 18 metros de profundidad, han afectado el bien público por lo rudimentario, anti-técnico e irregular con que se hacen realizan, sin contar con verdaderos planes de manejo ambiental.
Sería patrocinado por grupos ilegales
Dentro de las hipótesis contempladas por la Fiscalía, dicha actividad ilícita estaría patrocinada por organizaciones criminales, con el propósito de conseguir recursos para su accionar delictivo.
Lo anterior, ha generado el aumento de la población forastera en la zona, afectando la seguridad y facilitando la apropiación del flujo eléctrico.
La diligencia judicial que se prolongará por seis días es coordinada por dos fiscales especializados adscritos al Eje Temático de Protección de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente; así como el apoyo de más de 980 miembros de las diferentes fuerzas investigativas y de seguridad del Estado.
Los resultados de dicha actividad judicial se legalizarán ante jueces penales municipales, con funciones de control de garantías, de Cali (Valle del Cauca).
MAP/DLBM
