El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, negó hoy el principio de oportunidad solicitado a favor de Juan Carlos Ortiz Jaramillo, Tomás Jaramillo Botero y Rodrigo de Jesús Jaramillo Correa.
De acuerdo con la resolución emitida por el Despacho y después de realizar un análisis del caso “no se evidencia que con la aplicación del principio de oportunidad, se garanticen de alguna manera los derechos de las víctimas, pues no se puede olvidar que las conductas desplegadas por los procesados afectaron gravemente al conglomerado social, no solo desde el punto de vista económico, si no que afectaron la confianza pública en el sistema financiero y bursátil, amén de que su colaboración no se extiende al ofrecimiento de activos que permitan reparar el daño causado a las víctimas”.
A juicio del Fiscal General, la aplicación el principio de oportunidad en este caso no resultaría idónea, necesaria, ni proporcional.
Frente a la idoneidad, porque “si la finalidad buscada con la aplicación del principio de oportunidad es la de establecer la responsabilidad penal de los integrantes del entramado societario y la reparación a las víctimas, este Despacho no encuentra argumentos que demuestren que la medida apropiada sea la figura jurídica del principio de oportunidad, más aún cuando la colaboración aportada hasta el momento no promete utilidad ni eficacia para la investigación y, de manera sustancial, no se observa, ni por semejas, que los solicitantes pretendan reparar el daño causado a sus víctimas.
Considera que la medida no es necesaria ni proporcional porque, “la colaboración que hasta la fecha han presentado los aspirantes al beneficio no resulta necesaria ni indispensable para la investigación, porque el ente investigador cuenta con otros elementos materiales probatorios y testimonios de otras personas a quienes ya se les concedió el beneficio. Concluye que, “ al ponderarse el costo de la aplicación de esta figura jurídica frente al beneficio obtenido por la administración de justicia, acceder a la solicitud, lejos de afianzar los objetivos del derecho criminal, se pone en tela de juicio el verdadero espíritu del principio de oportunidad y su impacto dentro de la política criminal ejecutada por la Fiscalía”.
El jefe del ente acusador advirtió que, “ en el eventual caso en el que los procesados decidan entregar información relevante para la investigación y muestren su ánimo de reparar efectivamente a las víctimas, la Fiscalía General de la Nación podrá analizar esta nueva evidencia y decidir sobre una eventual aplicación del principio de oportunidad”.
En consecuencia el Fiscal General ordenó a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia continuar con la acción penal contra estas tres personas procesadas.
LAPM
