Una juez con funciones de Control de Garantías afecto con medida de aseguramiento, consistente en detención domiciliaria, a Carlos Arturo Fernández Trujillo, auxiliar judicial de la Sección Quinta del Consejo de Estado, quien aceptó su responsabilidad en el delito de concusión.
En audiencia pública un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública sostuvo que el procesado le pidió a un profesor 30 millones de pesos para agilizar el trámite de una demanda contra Cajanal, cuya finalidad era obtener la pensión de gracia concedida a quienes tengan 50 años de edad y 20 años de servicio en el magisterio.
La exigencia económica fue hecha por el funcionario judicial en noviembre de 2008, y el afectado alcanzó a pagar 10 millones de pesos en abril de 2009.
La Fiscalía interpuso recurso de reposición por la negativa del juez de imponer la restricción privativa de libertad en centro carcelario.
