Justicia y Paz

Otro de nuestros grandes retos respecto al cual nos comprometimos hace cuatro años ante la Corte Suprema de Justicia, es Justicia y Paz. Hoy, el balance es satisfactorio, a pesar de que se nos desbordó el proceso. A pesar de las dificultades se logró la primera sentencia, tenemos 14 casos que ya entregó la Fiscalía a los magistrados de Justicia y Paz para que dicten sentencia, tenemos 48 acusaciones, y desde el momento que nos autorizaron a hacer imputaciones parciales, hemos hecho 169, pero lo que quiero resaltar es que en estas, hemos imputado 7 mil 500 delitos.

La cualidad de la justicia es que sea pronta y sin dilaciones, hacer esperar la justicia es convertirla en injusticia, por esa prontitud que exige la justicia desde ese mismo momento nos dimos a la tarea de adelantar proyectos, programas, para atender a la víctima y atender a los propios victimarios en consideración de la víctima misma.

En cuanto a los victimarios, tenemos 2 mil 300 desmovilizados plenamente identificados con carta dental, muestra de ADN, con características morfológicas y con el alias y el rol dentro de la organización criminal, hace cuatro años solo teníamos 350 identificados.

A propósito, hoy tenemos 1.880 condenados (en justicia ordinaria), hace cuatro años no llegaba al centenar de condenados ni de desmovilizados. Refiriéndome a los 30 bloques o frentes que depusieron las armas, desde el mismo Bloque Cacique Nutibara, que se desmovilizó en noviembre de 2003, hasta el Comando o el Frente Sur del Putumayo del Bloque Central Bolívar, que lo hizo en marzo de 2006, tenemos su génesis y evolución histórica, tenemos su organización, su estructura de la organización criminal, tenemos su georreferenciación, las fuentes de financiación y los patrones de conducta o proceder.

En cuanto a las víctimas, muchos de los ejercicios y en ese orden demasiados los avances, construimos y consideramos una base de datos, que se encuentran registradas por encima de 230 mil víctimas, de las cuales 27 mil ya han asistido a las versiones de Justicia y Paz. Vale la pena preguntarse si esta cifra existe en otro parte del mundo, me refiero a otro proceso de reconciliación. Adelantamos jornadas de atención a las víctimas en 320 municipios en las que hemos atendido de manera directa a 59 mil personas, y en tercer lugar, frente al tema de exhumaciones, hemos hallado 2 mil 400 restos óseos en 1.900 fosas y hemos entregado 600 cadáveres plenamente identificados.

Y así en medio del dolor, exteriorizando un intenso sentir, una infinita solidaridad, un inmenso sentimiento, comprometiendo con las victimas nuestras oraciones y con sus familiares nuestras acciones, hemos ido desenterrando la verdad animándonos a seguir adelante.

Se iniciaron un total de 1.800 versiones libres, se concluyeron 1.200, se enunciaron 27 mil hechos delictivos, de estos mismos, 10 mil fueron confesados en una etapa posterior; hechos que comprenden 20 mil homicidios, miles y miles de desapariciones y desplazamientos, secuestros, extorsiones y reclutamientos que involucraron a niños mujeres, sindicalistas, indígenas, miembros de la UP, ONGs, periodistas y defensores de Derechos Humanos.

Tras versiones como la de Hernán Giraldo Serna, supimos donde estaban los 142 desaparecidos de Santa Marta, y es por la versión de Mancuso que nos enteramos de los desplazamientos de las 72 familias en Montería, y siete en Tierralta.

Esas versiones han provocado casi 4 mil compulsas de copias que involucran a 200 políticos, 120 miembros de la fuerza pública, 17 gobernadores, 120 alcaldes, 28 senadores, 16 representantes y 28 concejales, esto indica, como lo hemos dicho durante nuestra administración, que no fueron los paramilitares los que buscaron a los políticos, sino que fueron los políticos los que buscaron a los paramilitares.

Justicia y Paz logró sacar adelante investigaciones de masacres, con el acompañamiento de las otras unidades, en particular de la Unidad de Derechos Humanos. Masacres por las que Colombia está demandada ante el Sistema Interamericano, como la masacre del El Aracatazzo, en la que alias ‘HH’ confesó que autorizó tres asesinatos pero que mataron a 17 personas, o la que conocemos como ‘Operación Génesis’ en 1998, ocurrida en Ríosucio (Chocó), donde Fredy Rendón, alias ‘El Alemán’ confesó que decapitaron a Marino López Mena y que originaron el desplazamiento de 1.500 familias afrodescendientes.

Otras masacres que se constituyeron en un verdadero monumento al horror como la de Chengue, donde alias ‘Juancho Dique’ nos da los elementos para enjuiciar al señor Hilsaca Eljade, reconoce su responsabilidad en esta masacre, y narra como en la madrugada llegaron en camiones, y por la cercanía de la Armada Nacional y la misma guerrilla, asesinaron a las personas inocentes a punta de garrotazos.

En otras masacres, como la de Carmen de Viboral, es el mismo Ramón Isaza, quien asegura que fue el general Manosalva, comandante de una brigada, quien señaló a las personas que debían ser asesinadas por las autodefensas; o Mancuso, que nos muestra esa relación con la Fuerza Pública de intercambio de información, de ejecuciones extrajudiciales, de operaciones en conjunto y nos confiesa 1.600 casos, sinnúmero de hechos, asesinatos de periodistas como el comunicador de apellido Larrota de Palma Stereo en San Alberto (Cesar); de Emeterio Rivas en Barrancabermeja, del indígena Kimi Pernia en Tierralta; miembros de la UP, alcaldes de El Castillo (Meta), entre otros.

Justicia y Paz permitió o impulso la ‘parapolítica’ al develar el pacto de Ralito; ese acuerdo permitió a la Fiscalía judicializar a Salvador Arana, o a la Corte Suprema, por ejemplo, judicializar a Miguel de la Espriella.

Fue la Fiscalía la encargada de denunciar por primera vez ese vínculo criminal entre la clase política y las autodefensas, con los casos de los gobernadores del Meta, Casanare y diputados del Sucre, y en lo que no éramos competentes compulsamos copias a la Corte Suprema de Justicia, pues consideramos que las decisiones del Alto Tribunal tienen fuerza vinculante por su doctrina y jurisprudencia, hay un manejo de criterio muy similares, con algunas diferencias, por ejemplo no somos partidarios de la captura para indagatoria en casos de ‘parapolítica’ con razones fundadas; pero la Fiscalía a diferencia de otros en ‘parapolítica’ no sólo ha acusado por concierto para delinquir, la Fiscalía ha acusado también por narcotráfico a Ciro Ramírez, o por homicidio a álvaro García.

Pero son 12 gobernadores investigados por ‘parapolítica’: Guajira, Cesar, Magdalena, Arauca, Meta, y Casanare. También hay 166 alcaldes investigados por parapolítica. Alcaldes de Montería, Valledupar, Agua Azul, Ciénaga, Santa Marta, entre otros; son 26 congresistas, 13 diputados y 58 concejales dentro del proceso por parapolítica.

Algunos dirán que son muchas cosas para pocos resultados, pero no olviden que sí, son cuatro años, pero son 60 años de conflicto armado, de violencia en Colombia, y tenemos apenas cuatro años para investigar y judicializar lo que ha sucedido durante ese período en el que ha sido apaleado el Estado, en el que ha sido herido de muerte el pueblo, y en el que se ha perturbado la garantía de la convivencia, el principio de la democracia y el valor de la justicia.

Justicia transicional en Colombia, en un marco jurídico-político inédito porque hay que decirlo, estos grupos armados al margen de la ley, autodefensas y Farc, no están derrotados, o no estaban derrotados los primeros, y se desmovilizaron, se desarmaron, se confesaron, se encarcelaron ellos mismos, y eso nos ha permitido desenterrar la verdad dentro de la muerte, como lo hacen esos funcionarios que entran a las fosas.

Hace poco José Baldomero Linares confesó en versión libre que hace diez años asesinó a todos los miembros de una familia que iban para su finca en Puerto López (Meta), que asesinó a los padres, los abuelos y demás familiares, pero que no fue capaz de asesinar al bebé de un año y que se lo entregó al Bienestar Familia. Justicia y Paz le permitió a la familia biológica reencontrarlo después de casi diez años.

Anticorrupción

Para ir terminando hay logros en los distintos frentes de la Fiscalía. En materia de delitos contra la administración pública, se lo digo a la opinión pública, a los televidentes, si algo caracteriza a esta Fiscalía, es que hizo armas jurídicas contra los corruptos. Casos relacionados con interés indebido en la celebración de contratos, peculado, celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Por estas irregularidades los gobernadores de Amazonas, Cundinamarca, Chocó, Putumayo, San Andrés, entre otros son investigados. Más de 350 alcaldes involucrados con malos manejos y 68 mandatarios condenados durante este cuatrienio, así como jueces, como los de Buenaventura (Valle), Pivijay, Ciénaga y Santa Marta (Magdalena).

También tenemos casos como el del Seguro Social en Cali, donde tenemos 20 medidas de aseguramiento o Foncolpuertos con 45 resoluciones de acusación. La conclusión es que el flagelo de Colombia no sólo es el narcotráfico y el terrorismo, sino que también lo es la corrupción administrativa. El narcotráfico y terrorismo no sólo están matando colombianos, la corrupción también está matando a los colombianos, cuando usted se roba los recursos, sobre todo los recursos para la salud y la educación de los niños, usted está asesinando.

Por eso la directiva del propio Fiscal General para que en aquellos casos de hurto y de apropiación indebida de los recursos de educación y salud, también se hicieran imputaciones por homicidio.

Propiedad Intelectual

Otro lado de la corrupción la vimos con el equipo del doctor Rubiel Hernando Nivia en cuanto a propiedad intelectual. Ahí hay condenas por usurpación de marcas y tomamos la decisión de imputar por concierto para delinquir y evitar la excarcelación. Hasta se falsificaron las estampitas del álbum de Panini que cada cuatro años todos coleccionamos.

La falsificación de medicamentos como Novartis, que llevó incluso a que muchas mujeres quedaran embarazadas sin que lo quisieran o la falsificación de productos de aseo como la propia cuchilla Gillette.

Lavado y Extinción de Dominio

En cuanto a narcotráfico podemos mostrar estadísticas sobre incautación y capturas muy importantes. Ordenamos y ejecutamos las capturas de Don Diego, de Don Mario, Douglas, El Mellizo,

Operaciones como la de Puerto Rico (Caquetá) donde judicializamos un general en retiro y para vergüenza nuestra a un fiscal. Judicializamos bandas delincuenciales y las desarticulamos, como la de alias ‘Don Mario’, su lugarteniente ‘El Indio’, alias ‘Valentín’, su jefe de finanzas, y a su jefe de sicarios, alias ‘Omar El Llanero’, a oficiales y suboficiales, y para vergüenza nuestra a un director Seccional de Fiscalías.

Creamos la estructura de apoyo para combatir bandas como la de ‘Los Paisas’, ‘Los Nevados’, y quiero exhortarlos a que en ejercicio del derecho de petición comprueben que en los últimos tres meses hemos proferido 266 órdenes de captura contra miembros de bandas emergentes.

En materia de extinción de dominio y lavado de activos hay un cuadro comparativo. Se han incautado 12 mil millones de pesos, 90 millones de dólares y 8 millones de euros. Bienes ocupados de la familia Grajales, de los Rodríguez Orejuela, de alias ‘Jabón’, de alias ‘Chupeta’, y tomamos la decisión por primera vez de iniciar extinción de dominio de los bienes destinados para cultivos ilícitos y utilizados para el expendio de estupefacientes.

¿Qué no hemos hecho nada? ¿Qué no hacíamos nada en DMG o en las investigaciones sobre ‘pirámides’? Son 1000 casos adelantados por captación masiva y habitual de dinero, más de 100 capturados, casi 100 medidas de aseguramiento, decenas de acusados, como el señor personero de Bogotá, e incluso una decisión que viene en camino contra un actual gobernador.

Antisecuestro y antiterrorismo

Con respecto a secuestro y terrorismo vale destacar el caso del niño Luis Santiago (ocurrido en Chia), desarticulamos bandas como la de ‘Los Pochos’, dedicada al secuestro, desmantelamos el ‘Bloque Capital’ de las autodefensas que operaba en Ciudad Bolívar, Plaza España y San Andresito, en Bogotá, las ‘águilas Negra’s en Norte de Santander y el frente ‘Antonio Nariño’ de las Farc del que fue capturada alias Doris Adriana que compraba equipos de comunicaciones de esa guerrilla. Logramos condenas en casos como los de El Nogal, la Escuela Superior de Guerra y el atentado de la Zona Rosa, entre otros.

Termino dándoles las gracias a los operadores y usuarios de la Fiscalía por nuestras historias, logros y luchas. Compañeros y colegas, voy a partir seguramente mirando hacia el lado y hacia atrás en atención a las amenazas, pero no mirando hacia abajo para esconder vergüenza alguna. Voy a sonreír con sus noticias, con su entrega. Les agradezco la voluntad, el valor, el conocimiento y el compromiso que entregaron a la institución. Continúen ustedes, les agradezco por el aguante al rezongar, a la exigencia, al refutar. Les agradezco por la genialidad, por el gusto y las ganas de actuar como fiscales y como investigadores. Gracias por estar allí investigando el delito y acusando los responsables. Gracias por estar aquí en esta rendición de cuentas y gracias por estar allá donde seguramente con el favor de Dios nos vamos a encontrar. Muchas gracias.