Ante la Juez 57 Penal de Bogotá, con función de control de garantías, la Fiscalía imputó cargos en contra de siete ex funcionarios de la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, en desarrollo del proceso por las supuestas irregularidades detectadas en esa entidad. Dos de esas personas aceptaron su responsabilidad en los delitos endilgados.
El fiscal Juan Carlos Acevedo, jefe de la Unaim, Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima, sostuvo que los hoy ex funcionarios omitieron los procedimientos establecidos para la designación y la selección, que tampoco observaron los pasos para la asignación de bienes, objeto de la recta administración de la entidad, y que aprobaron contratos de bienes inmuebles por sumas irrisorias, con lo que causaron detrimento patrimonial al Estado.
De acuerdo con el fiscaI, para la adjudicación de predios los hoy procesados exigían cuotas mensuales a los beneficiados con lo qwue obtenían ingresos ilegales. En ocasiones cobraban hasta el 60 por ciento del valor de las cosechas, agregó el funcionario judicial.
Los entonces funcionarios pusieron sus labores al servicio de una empresa criminal, pues para obtener ganancias millonarias escogían los predios, tal y como ocurrió con las propiedades: “La Reforma “ y “La Laguna”, en el municipio de Puerto López (Meta),”Corinto”, “La Bramadora” y “Malaver”, en Yopal (Casanare); “Las Avispas” , “Llano Grande”, en Montería (Córdoba); y fincas en el municipio de Tuta (Boyacá), aseveró la Fiscalía.
LOS CARGOS
El fiscal del caso endilgó al ex director de la DNE, ómar Adolfo Figueroa Reyes, cargos por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, concusión, fraude procesal, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
Igualmente, a Manuel Francisco Ospino Rodríguez le fueron imputados los delitos de prevaricato por omisión y concusión. Con las conductas antijurídicas de cohecho y peculado por apropiación fue endilgada Liliana María Garavito Jiménez.
Del procesado óscar Castilla Alarcón la Fiscalía señaló que incurrió en falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omision, delitos cuya responsabilidad aceptó esa persona. El otro investigado que se allanó a cargos fue Luis Fernando Rojas Cañón, quien aceptó la comisión de falsedad ideológica en documento público.
Así mismo, el fiscal le imputó a Javier Mantilla Sandoval y Jairo Alfredo Muñoz Prada los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por omisión, respectivamente.
Finalmente, la juez de control de garantías citó a las partes para este jueves, cuando se adelantará la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento.
