Un juzgado penal del circuito especializado de Antioquia condenó a Sor Teresa Gómez Álvarez y Benito Molina Velarde, como autora y coautor penalmente responsables de los delitos de destrucción y apropiación de bienes protegidos, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil; lavado de activos agravado y concierto para delinquir agravado.

Sor Teresa Gómez, quien aceptó los cargos, era investigada por los hechos que son resultado del accionar de una organización al margen de la ley como el paramilitarismo en la región del Urabá Antioqueño.

Entre los años 1994 y 1997, los grupos que conformaron la estructura de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU), posteriormente convertidas en las (AUC), a cargo de los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil, hicieron presencia mediante actos de violencia y barbarie en contra de la población civil en una zona denominada La Tulapa, ubicada en los municipios de Turbo y Necoclí (Antioquia).

Esta situación buscaba la salida de sus habitantes y de grupos señalados como simpatizantes o militantes de las FARC, según ellos para homogenizar políticamente y pacificar la región, a través del desplazamiento forzado de los pobladores, amenazas, homicidios selectivos y múltiples desapariciones forzadas, desatando el abandono de tierras por parte de los habitantes y ocupantes y posterior despojo en dicha región.

Una vez conseguido este objetivo, Gómez Álvarez fue enviada por Vicente Castaño a legalizar las tierras, lo que se logró a través de un acuerdo con el Fondo Ganadero de Córdoba, compuesto por Benito Osorio Villadiego (gerente), Benito Molina Velarde (presidente) y los demás miembros de la Junta Directiva, quienes se encontraban en la misma Finca 52 ese día, los cuales acordaron comprar entre 5000 y 6000 hectáreas, evitando así el retorno a sus tierras de la población desplazada.

Gómez Álvarez fue la que, a través de engaños, intimidaciones y presiones, convenció a los campesinos para que vendieran sus predios a un precio menor y acudieran a la sede de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), para firmar un documento formateado donde le otorgaban poder a Sor Teresa Gómez, facultándola para vender su predio al Fondo Ganadero de Córdoba.

En el curso de la investigación se determinó que el procesado Benito Molina Velarde pudo haber tenido participación en los hechos investigados, por lo que una Fiscalía de la Dirección Nacional de Análisis y Contextos dispuso la apertura de investigación previa en el año 2013; para el 2014 se decretó la apertura formal de instrucción, ordenando la vinculación al proceso de Molina Velarde por la presunta comisión de delitos de concierto  para delinquir, lavado de activos agravado y desplazamiento forzado agravado. Delitos por los que fue aprehendido.

Molina Velarde aceptó cargos y deberá pagar una condena de 16 años y 8 meses de prisión y una multa de 25.789 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que serán pagados a favor de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Por otro lado, Sor Teresa Gómez fue sentenciada a 12 años, 4 meses y 15 días de prisión, así como a una multa económica.

 

LMFO/DLBM