Labores investigativas coordinadas por un fiscal del Eje Temático de Corrupción en la Administración de Justicia, adscrito a la Dirección de Fiscalías Nacionales, permitieron la captura de 17 personas que al parecer habrían participado en la comisión de irregularidades para el pago o reajuste de pensiones a los educadores en el departamento de Córdoba.
Según lo establecido, durante los años 2010, 2011 y 2012 se tramitaron irregularmente en el Juzgado Civil del Circuito de Lorica (Córdoba), varios procesos ejecutivos laborales, para lo cual los abogados demandantes allegaban dichas demandas con poderes falsos así como resoluciones supuestamente expedidas por la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba reconociendo ajustes pensionales a docentes, también falsas, y resoluciones de la Secretaría de Educación Municipal sin cumplimiento de los requisitos de la Ley 962 de 2005.
Informes de grafología evidenciaron la falsedad de estos documentos e igualmente de las constancias expedidas por el secretario de Gestión Administrativa de la Gobernación de Córdoba que indicaban que esas resoluciones estaban debidamente notificadas y ejecutoriadas.
De esta manera los abogados constituían el título ejecutivo y, presuntamente, con la colaboración de funcionarios del juzgado, la juez de ese despacho ordenó el mandamiento de pago contra la Fiduciaria la Previsora y contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y dispuso embargarles los dineros que eran inembargables que estaban en cuentas bancarios; decidiendo finalmente la entrega de más de $80 000 000 000 a los abogados.
Por estos hechos, el Juzgado 79 de Control de Garantías de Bogotá libro 22 órdenes de captura, de las cuales 17 fueron materializadas ayer por miembros de la Dijín de Bogotá, durante diligencias de allanamiento y registro, y otras en vía pública, en las ciudades de Barranquilla (Atlántico), Cartagena (Bolívar), Cereté, Lorica y Montería (Córdoba).
Los indiciados fueron trasladados a la capital del país donde de adelantan a esta hora, las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.
Entre los detenidos se encuentran abogados y funcionarios del juzgado. Todos serán judicializados por los delitos de falsedad en documento privado, falsedad en documento público, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, peculado por apropiación y concierto para delinquir.
DLBM
