La Fiscal General de la Nación, Viviane Morales Hoyos, expresó hoy en la Comisión Primera del Senado de la República su acuerdo con la propuesta de que aquellos procesos contra aforados, hoy por cuenta de su despacho, pueda delegarlos en las etapas de investigación y de acusación al Vicefiscal y a los fiscales de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

La Fiscal al dar a conocer a los legisladores la posición de la Fiscalía frente a los proyectos de acto legislativo para reformar la justicia señaló que: la negación de la posibilidad de delegar estos procesos ha significado una enorme carga laboral para su despacho por lo que comparte la posición del Ejecutivo en tal sentido.

Para sustentar su afirmación señaló que su administración recibió el 12 de enero de este año 1.055 investigaciones, y que entre el 12 de enero y el 30 de junio último ingresaron a su despacho 387 procesos nuevos. Acotó que en el inventario hay a 30 de junio 1.165 investigaciones activas.

“Eso significa que en el inventario del despacho de la Fiscal General en estos seis primeros meses aumentó en 94 investigaciones, lo que significa un incremento del 8.9 por ciento”. Añadió que con corte al 22 de agosto su despacho tiene una carga laboral de .1165 procesos, de lo que 1.164 son contra aforados.

De esa misma cifra, continuó la Fiscal, 470 procesos son adelantados por Ley 600 y 695 casos pertenecen a la Ley 906 de 2005. La Fiscal dijo que durante el último semestre sólo se han proferido 52 decisiones de fondo (11 por ciento de los procesos a su cargo) en Ley 600: 8 aperturas de instrucción, 23 inhibitorios, 12 definiciones de situación jurídica, 8 calificaciones de investigación y una inadmisión de recurso.

Con respecto a las 695 investigaciones que existen por Ley 906 indicó que desde la entra en vigencia de esa norma, año 2005, el despacho del Fiscal General ha hecho cinco audiencias de imputación, tres por sus antecesores y dos en su administración. Señaló, así mismo, que se han efectuado tres audiencias de acusación, tres audiencias preparatorias y tres juicios, uno de los cuales lleva ella, y que sólo se ha producido una condena.

Explicó que la necesaria presencia de la Fiscal General en las audiencias del sistema penal acusatorio, en los casos de aforados constitucionales y legales, se convierten en limitaciones para que los procesos a su cargo no avancen con la celeridad debida.

Tal y como está, este sistema de aforamiento favorece la impunidad”. Agregó que por más dedicación que tenga un Fiscal General no logrará hacer más de tres imputaciones al año y subrayó ante los senadores que nunca se podrían abocar los 1.150 casos a cargo del despacho de la Fiscal General.

Anotó que actualmente con el desbordamiento de la actividad penal que involucra aforados se hace necesario poder delegar.

DOBLE INSTANCIA

La Fiscal General aseveró que esa segunda instancia exige su propia estructura jerárquica, que lo haga una autoridad diferente e independiente de la que adelantó una primera fase del proceso.

Al referirse a la investigación en contra de congresistas se mostró partidaria de establecer la doble instancia y explicó que la división de papeles entre acusador y juzgador el soporte del sistema penal oral acusatorio. Conceptuó que para conferirle unidad al sistema acusatorio es necesario que la investigación contra los congresistas sea adelantada por funcionarios diferentes al juzgador.

Si la fase investigativa regresa a la Fiscalía será necesario aumentar la planta de fiscales delegados ante la Corte, agregó, y puso de presente que los congresistas en funcionarios como el Vicefiscal y fiscales delegados tendrían funcionarios con perfil de magistrados, también se garantizaría la no afectación de la independencia y autonomía del proceso en las investigaciones de congresistas por la Fiscalía, entre otros aspectos positivos.

La Fiscal General aseveró que esa segunda instancia exige su propia estructura jerárquica, que lo haga una autoridad diferente e independiente de la que adelantó una primera fase del proceso.

LAS VíCTIMAS

Un tercer punto que la Fiscal General de “importancia nodal” es el que contempla el proyecto gubernamental de otorgar a las víctimas las mismas facultades que hoy tienen el acusador y el acusado.

En torno de ese aspecto recordó que la Corte Constitucional en sus sentencias ya reconoce numerosos derechos a las víctimas y explicó que éstas pueden acudir a los jueces de control de garantías, estar pendientes de los preacuerdos, de la preclusión de la investigación, de los alegatos de conclusión, entre otros.

La Fiscal General aseveró que se crearía “un enorme obstáculo a la investigación” y advirtió que se podría menoscabar la facultad esencial del Estado de perseguir al infractor penal. Igualmente, hizo énfasis en que otorgar esas atribuciones a las víctimas rompe el equilibrio de fuerzas entre acusado y acusador, y podría generar sesgos o perjuicios en el tercero imparcial que es el juzgador.

Añadió que “la adversarialidad posibilita el florecimiento de la verdad”, la otra situación podría genera sesgos y perjuicios en detrimento de la neutralidad del juzgador. No descartó tampoco que en este escenario la Fiscalía termine enfrentándose no solo a la defensa sino a las víctimas y de pronto al Ministerio Público.

Un tercer aspecto tratado por la Fiscal General fue la posibilidad de crear la figura del acusador privado, y dijo que esta no es tan extraña porque actualmente en los delitos querellables el proceso se activa por denuncia del afectado.

También compartió la eventual norma que permitiría los legisladores crear un procedimiento penal especial para determinados delitos y que la acción penal es titularidad de las víctimas sin perjuicio de que la Fiscalía pueda ejercerla de forma preferente.

Para sustentar que la figura de la conciliación no constituye factor de descongestión les informó a los senadores que entre septiembre de 2008 y el 11 de agosto de 2011 entraron 1.307.410 procesos, de los que 733.985 casos tienen que ver con delitos como: hurto, lesiones personales, amenaza, injuria y calumnia, estafa, y violencia intrafamiliar.

Explicó que en esos delitos en los que se contempla la conciliación en el año 2010 hubo 242.714 procesos, de los que tuvieron audiencia para conciliar 56.989 procesos, lo que equivale al 23.4 por ciento.

Reveló que de 264.699 casos sólo 51.981 hubo conciliación, el resto de procesos fue continuado por la Fiscalía. En muchas ocasiones los infractores son desconocidos, en otras los afectados formulan la denuncia para cumplir un requisito formal, pero las cifras superan ampliamente la capacidad de la Fiscalía para que cumplir con su tarea constitucional.

Explicó que ante los pocos recursos de la Fiscalía sería de ayuda que la entidad pudiera enfocar su accionar en aquellos delitos de impacto nacional y en los que lesionen la estabilidad del Estado. Puso como ejemplo la Estructura de Apoyo de la Seccional Bogotá, donde 21 fiscales investigan 81 mil procesos, lo que equivale a 3.892 procesos por fiscal. En Medellín hay 27 fiscales para investigar 24.745 procesos, 916 casos por fiscal, en estado de averiguación de responsables.

Por ello la Fiscalía comparte la figura del acusador privado, la víctima podría estar en mejor posición para la acción penal y si el delito tienen connotaciones podría aparecer el accionar de la Fiscalía en aras del interés general.

LAS PREGUNTAS

Una vez concluida su intervención la Fiscal General absolvió interrogantes planteados por los senadores de la Comisión Primera en relación con el principio de oportunidad, la eficiencia del sistema penal acusatorio, y las necesidades de la Fiscalía, entre otros.

Con respecto al principio de oportunidad consideró que tal herramienta jurídica no es que esté muy reglamentada, sino que falta capacitación a los fiscales, tarea en la que se está trabajando. Al referirse a las necesidades de la Fiscalía dijo que anualmente la entidad sufre un rezago económico del 20 por ciento y que hacen falta mil fiscales y tres mil investigadores.

Anotó que en la Fiscalía se ha fortalecido en el nivel central en desmedro de las seccionales y que este proceso debe reinvertirse. En torno de la eficacia del sistema penal acusatorio respondió que las cifras, hasta la fecha, demuestran que el anterior sistema mixto lo supera.

Recordó, a modo de ejemplo, que con el sistema penal acusatorio se pretendía recudir tiempo, pero que por el contrario en la Ley de Seguridad Ciudadana fue necesario aumentar los términos para el inicio del juicio oral. Considero necesaria una reforma a ese sistema para eliminar las numerosas audiencias que existen, reconoció que se ganó en garantías, pero también hay mucha lentitud. “Hoy un investigador puede tener 400 órdenes de trabajo; un fiscal 400 procesos, no se ha ganado en resultados”, puntualizó.