Por presuntos manejos irregulares de los recursos asignados a la comunidad indígena Arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena), la Fiscalía acusó a Javier Landazábal Gómez, y Leonardo Alfonso Baute Lemus, alcaldes titular y encargado del municipio de Pueblo Bello (Cesar), respectivamente, por el delito de peculado por aplicación oficial diferente, contemplado en el Código Penal.
Los hechos están referidos a las denuncias realizadas por las autoridades indígenas ante la Fiscalía el 4 de diciembre de 2014, en las que explican que los dos funcionarios suscribieron cinco contratos de prestación de servicios y uno de suministro, contraviniendo lo plasmado en los contratos de administración de servicios de los recursos del resguardo asignados a través del sistema general de participación para los años 2013 y 2014.
Los contratos objeto del proceso, que alcanzan un monto de 586 millones de pesos, corresponden en dos ocasiones a “apoyo y servicio a la gestión para la coordinación y la logística” de una consulta interna indígena para construir un barrio llamado Villa Érika; otro con el objeto de la “coordinación, organización y asesorías de las reuniones” de la misma consulta interna, y dos más para suministrar alimentos incluyendo transporte y un contrato de transporte escolar.
AAEA/DLBM
