.- El fiscal general, Mario Iguarán Arana, anunció este martes el llamamiento a juicio de los ex congresistas Luis Alberto Gil Castaño y Alfonso Riaño Castillo, por su presunta responsabilidad en calidad de autores de los delitos de concierto para delinquir agravado, por promover y apoyar grupos armados ilegales, y constreñimiento al sufragante.
Iguarán Arana indicó que la resolución de acusación fue proferida por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, en cuya providencia se ordena compulsar copias a la Sala Penal del máximo Tribunal, para que se investigue los supuestos nexos con grupos ilegales y el delito de constreñimiento al elector en los que pudo incurrir Juan Manuel González Bustos, quien llegó al Senado como segundo renglón de Gil Castillo.
Así mismo, el fiscal instructor consideró procedente compulsar copias para que se investigue a la ex parlamentaria Yidis Medina, por presuntos nexos con grupos armados al margen de la ley, constreñimiento al sufragante y falso testimonio. Otro tanto acontece con Leonel Uribe, quien presumiblemente fue postulado y nombrado personero de Sabana de Torres, con el respaldo del extinto cabecilla de autodefensas Carlos Castaño Gil.
Igualmente, en la providencia se compulsan copias a la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y para la Extinción del Derecho de Dominio, para que se investigue el origen de los dineros con los que se desarrollaron empresas, como: Solsalud E.P.S, Ganasalud Limitada, Multiproductos Ltda., y Convergencia Ciudadana, toda vez que en el curso de la investigación se estableció la existencia de “una recíproca colaboración y un crecimiento paralelo de las empresas dedicadas a la salud y otros servicios” con el citado movimiento político.
También fueron compulsadas copias para que se investigue a Rafael Castillo Sánchez, ex representante a la Cámara, y a Alexander Ariza, ex personero de Cimitarra (Santander), así como la autenticidad de las certificaciones médicas y la veracidad de su contenido, que en su momento soportaron el retiro de la Cámara de Castillo Sánchez y de Nelson Naranjo Tabarique, lo que permitió convocar al entonces cuarto renglón de la lista que era Ariza.
Finalmente, el fiscal del caso solicitó investigar a Raúl Rubio, dirigente político de Barrancabermeja, por posible concierto para delinquir y constreñimiento al elector, y precluyó la investigación al ex congresista José Manuel Herrera Cely.
