La Subdirección Seccional de Fiscalías de Bogotá envió a un centro carcelario a los supuestos integrantes de una organización delictiva invasora de tierras del cabildo indígena de los Nivia, Bulla, Caviativa y Yopasá, ubicado en Suba, al noroccidente de la ciudad, con una extensión superior a los 68 mil metros cuadrados por un valor catastral cercano a los $42 000 000 000.

Los procesados fueron identificados como Nelson Herrera Henao, Alejandro Díaz Gómez, Herminsul Solarte Pantoja, Carlos Alberto Bohórquez Ramírez, Lucía del Carmen Solarte Pantoja, Víctor Humberto Arango Murcia y Luis Octavio Olarte Pinzón.

El ente de investigación criminal les imputó los delitos de fraude procesal, falso testimonio por presentar acciones de tutela con hechos falsos, concierto para delinquir, invasión agravada por el valor del inmueble, violencia contra servidor público y porte ilegal de armas de fuego y municiones.

Los hechos se desarrollaron desde agosto de 2014, cuando el líder de la organización quien fue identificado como Tiberio Ramos, acompañado de al menos de 20 personas, con violencia contra habitantes de un inmueble ubicado al norte de la capital, procedió a invadir el predio denominado La Esperanza, suplantando a los agentes de la Policía Nacional.

El predio se divide en el sector A y B, separados por una parte que le permite acceso a otro predio y que en su momento fue propiedad de un operador de televisión por cable, donde se encuentran unas antenas y otras instalaciones de la empresa.

Una de las víctimas indicó que cuidaba el predio para las familias, Bulla, Caviativa y Yopasá; y aclaró que en junio de 2014 se había embargado y secuestrado el inmueble por parte de la Secretaria de Hacienda Distrital, informando además que antes el predio era cuidado por Pastor Bautista Parada, quien ya murió.

“Los individuos llegaron al predio en varias camionetas y quienes las tripulaban tomaban fotografías a todo el mundo y amenazado a las personas para que se fueran del sector (…) me quitaron la cedula de ciudadanía, la libreta militar, cuarenta y seis mil pesos en efectivo, un reloj y una pulsera de oro, valorada en quinientos mil pesos”, agregó la víctima, habitante del predio, quien fue atacado por los invasores.

El ente acusador investiga si funcionarios públicos estarían facilitando información y trámites ilegales para despojar de sus tierras a los legítimos propietarios de los inmuebles.

 

CMR/DLBM