La Fiscalía apeló la decisión de una juez penal municipal de Bogotá, con función de control de garantías, por dejar en libertad a Ángela Fernanda Serna Rave y su pareja Alexander Oviedo Rueda, quienes por la suma de 18 mil euros vendieron a su hija recién nacida a un ciudadano Español.

La  fiscal del caso indicó que la actuación de los dos imputados fue grave, pues se trataba de su pequeña hija de apenas cuatro semanas de nacida, la cual al parecer desde un año atrás habían negociado a través del internet.

Señaló la representante del ente acusador que por ser un peligro para la recién nacida, al igual que para la comunidad y la posible no comparecencia, se hace necesaria la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, tal como lo solicitó a la juez de garantías.

Agregó que en ningún momento la juez debió dejar en libertad a la pareja por el solo hecho de que estos se hubieran presentado ante el estrado de manera voluntaria. Tampoco se justifica que se otorgue la libertad porque son delincuentes primarios y porque tienen un arraigo.

De acuerdo con la actuación de la pareja, es señalada como presunta responsable de los delitos de  tráfico de niños y adolescentes, en concurso con tráfico de migrantes, en concurso con falsedad en documento público y concierto para delinquir.

Los hechos materia de investigación se presentaron el 17 de julio de 2014, cuando el ciudadano español José Mattos Roibal fue capturado por la Policía Aeroportuaria, mientras intentaba sacar hacia su país, con documentos falsos, a una  bebé de apenas 4 semanas de nacida.

La investigación permitió establecer que a través del internet, Ángela Fernanda Serna Rave ofreció  sus servicios para alquilar su  vientre, siendo contactada desde España por José Matto Roibal y su esposa. Con el fin de lograr una  inseminación con el semen del español, la imputada comenzó el tratamiento pero no prosperó, ya que al poco tiempo se produjo el abortó, hecho que ocurrió el  11 de julio de 2013.

Ante el fracaso de la inseminación Ángela y su pareja decidieron tener su propio hijo para luego ofrecerlo en venta al mismo español.

Tras nueve meses de embarazo y con un parto normal, la pareja de nuevo contactó a José Matto Roibal, con el cual realizaron la documentación falsa, gestionada en la ciudad de Armenia (Quindío).

Con un registro de nacimiento falso, los trámites de adopción entregados por el Instituto de Colombiano de Bienestar Familiar también falsos, y la paternidad del español sobre la recién nacida ilícitos, la pareja negoció a la bebé.

En el aeropuerto Eldorado, al pasar por el filtro 13 de Migración Colombia, una funcionaria notó el desfase de las fechas entre el nacimiento de la bebé y el registro de ingreso al país por parte del ciudadano español, quien quería llevársela sin ser su padre biológico.

Ante esa anomalía, las autoridades de Migración hicieron el cotejo de ADN del supuesto padre español y la  recién nacida, dando como resultado que no había ningún nexo entre los dos. Posterior al examen se constató que todos los documentos expedidos por el ICBF y la Registraduría  eran falsos.

La rápida investigación también permitió establecer que la madre de la bebé, nunca había salido del país.

Las autoridades Colombianas comprobaron que según el registro migratorio, el ciudadano español había ingresado al país el 11 de junio de 2013 y había salido el 18 del mismo mes. Se determinó que no coincidía la fecha de estadía del hombre y la fecha de la concepción de la bebé.

Por las irregularidades, la policía judicial trasladó al ciudadano Español a la Uri de la Granja, donde el 18 de julio de 2014, una juez de garantías le dictó la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por ser presunto autor de los delitos de tráfico de migrantes, obtención de documento público falso y tráfico de niños, niñas y adolescentes, delitos que no aceptó. En la actualidad permanece privado de la libertad en una cárcel de la capital del país a la espera del inicio de la audiencia preparatoria.

Por su parte la fiscal del caso indicó que queda a la espera de la decisión del juez de segunda instancia sobre la petición de su despacho para lograr la detención en establecimiento carcelario de la pareja que vendió a su propia hija por la suma de 18 mil euros.

Entre tanto, el ICBF mantiene bajo su custodia a la menor de edad, hasta que se adopte una decisión con relación a la patria potestad de sus verdaderos padres.

 

ANM/DLBM