En el marco del ciclo de talleres de capacitación y pedagogía electoral 2015 organizado por la Registraduría Nacional y la Revista Semana, la Fiscalía General de la Nación participó en el primero realizado en Cartagena (Bolívar), donde Juan Gabriel Navarrete, asesor del Despacho del Vicefiscal, se refirió a las garantías para brindar transparencia en el proceso electoral por parte de la entidad, indicando la labor que desarrolla.
Señaló entonces que aunque la actuación de la Fiscalía es reactiva, también viene implementando labores preventivas. El papel principal es adelantar la acción penal e investigar los delitos que atentan contra el libre ejercicio del derecho al sufragio o que pretendan tergiversar o falsear la voluntad popular manifestada en las urnas.
Asimismo, explicó que el Código Penal prevé 11 conductas delictivas o delitos electorales que infringen los mecanismos de participación democrática, que contemplan una pena de cuatro años, así como el delito de intervención en política de servidores públicos, “tendiente a impedir que estos utilicen indebidamente funciones y bienes públicos para favorecer o perjudicar electoralmente a partidos y candidatos, y con ellos romper la imparcialidad y corrección que debe regir y orientar el adecuado ejercicio de la función pública”, precisó Navarrete.
El funcionario indicó que “La Fiscalía igualmente ha identificado que aparejados a los denominados delitos electorales, existen otras infracciones penales que guardan una relación inescindible con los certámenes democráticos y que si bien no afectan directamente el ejercicio al sufragio, sí afectan la imparcialidad y equidad que debe guiar el desarrollo de las contiendas electorales, además de otros bienes jurídicos. Tal es el caso de los delitos de lavado de activos, narcotráfico, concierto para delinquir agravado, prevaricato, concusión o cohecho, entre otros”.
Por otra parte, el asesor expuso que existen dos grupos que pueden incidir en los resultados de los procesos electorales, estos son los actores internos y externos. El primero se refiere a los actores legales, relacionados con el proceso (candidatos, líderes políticos etc.), que afectan directamente el mismo y sus resultados o buscan sacarle provecho. El segundo, son los actores ilegales, grupos armados.
Referente a la labor preventiva que desarrolla la entidad, Navarrete manifestó que “la Fiscalía General participa activamente como invitado permanente de las Comisiones de Coordinación y Seguimiento, nacionales, departamentales y municipales, cuyo objetivo principal es diseñar estrategias y mecanismos para garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales”.
En el taller, el funcionario indicó que con el fin de incrementar la eficacia en la prevención y persecución de los delitos electorales y conexos, la Fiscalía adoptó algunas medidas para la atención de las elecciones de 2015, “que se enmarcan dentro de una estrategia global que inició con las elecciones de 2014 y que continuará en 2015, pues a futuro prevé dejar implementados conocimientos investigativos, así como memoria institucional en el manejo y atención de estos casos”.
Para garantizar la transparencia del proceso electoral y en aras de aplicar la estrategia mencionada, la Fiscalía dispuso de 150 funcionarios en todo el país entre fiscales e investigadores, que recibieron capacitación previa para el manejo de estos temas.
Entre los resultados de la estrategia implementada el año anterior, se cuentan las 13 sentencias condenatorias por las elecciones de 2014 y la compulsa de copias contra congresistas electos.
Para dar continuidad con estos resultados, la Fiscalía dio a conocer la creación y puesta en marcha, a partir de 2015, del eje temático de protección a los mecanismos de participación democrática, el cual cuenta con un grupo de analistas que ha iniciado la recopilación y análisis de datos e informaciones que permitan contextualizar los escenarios en los que este tipo de delitos se comete, para un mejor conocimiento del fenómeno. Se ha comenzado con una revisión histórica de las denuncias que por delitos electorales se han presentado e identificado cuáles son los comportamientos delictivos que más afectan o se denuncian en cada tipo de proceso electoral y las zonas geográficas donde se han concentrado.
Finalmente, el asesor señaló que entre los delitos más investigados está el fraude en la inscripción de cédulas, el ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula; corrupción al sufragante y la violación al ejercicio de mecanismo de participación. Además los departamentos con mayor incidencia de delitos electorales son: Meta, Santander, Antioquia, Atlántico, Córdoba y la ciudad de Bogotá.
DLBM
