Por presuntas irregularidades en la ejecucion de dos planes de vivienda, el Juzgado 27 Penal municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento cosistente en detención domiciliara a la la diputada a la Asamblea de Antioquia Angela Maria Cano Vargas y a su yerno Carlos Andrés Moreno, representante legal de la firma Corvida.
Los proyectos de vivienda vinculados al caso son la Urbanización San Miguel y Proyecto Santa Marta, ambos ubicados en Itagüí(Antioquia). Los hechos investigados se presentaron desde el año 2006 y afectaron a unas 240 personas de los estratos 1 y 2, quienes invirtieron 3.000 millones de pesos en sus casas nuevas.
Los procesados no aceptaron los los cargos que les imputó la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, gestión indebida de recursos sociales y urbanización ilegal.
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