La modernización de la Fiscalía General de la Nación para acometer los retos del postconflicto armado ha sido la principal labor de la entidad durante los últimos meses.
Esta conclusión, presentada durante la ceremonia de rendición de cuentas del 2014, nos indica que paradigmas novedosos en Colombia, como la priorización de casos y las modernas teorías de investigación, hacen de este programa un modelo de modernidad y modernismo.
El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, señaló que una de las principales aplicaciones de esta tesis se da en en el tratamiento de los problemas de violaciones a los derechos humanos. Jurídicamente se integran los mismos principios que reúnen el discurso de responsabilidad del Estado como ilícito internacional y los pronunciamientos de los tribunales penales internacionales sobre responsabilidad individual.
De esta manera aparecieron en Colombia conceptos como delitos de sistema para referirse a la violación masiva de los derechos humanos por parte de estructura delictivas permanentes altamente jerarquizadas, contra las que ahora se dirigen las investigaciones. Por ejemplo, se cuentan 178 miembros de la Fuerza Pública vinculados a procesos penales por esta clase de conductas o aparecen además el desmantelamiento de tres organizaciones dedicadas a la trata de personas, de las cuales 15 de ellas fueron capturadas.
Del mismo modo, Montealegre enfatizó que desde ya se está trabajando en la Fiscalía del postconflicto, en la cual el objetivo central será la lucha contra el crimen organizado, pues desaparecerán los actores del conflicto armado que se perseguían a través del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
En el marco de la modernización y la priorización, la Fiscalía ha desarrollado su nuevo modelo investigativo y cambios en la Policía Judicial, se ha fortalecido la autonomía de las seccionales, se desarrollaron las direcciones nacionales especializadas de fiscalías, surgió la institución universitaria de la Fiscalía y, además, más de 3.000 funcionarios nuevos serán incorporados en los próximos dos años, en especial en las regiones.
Para lograr este fin, se da trascendental importancia a la capacitación, por eso, desde el próximo mes de febrero, el Instituto de Educación Superior Conocimiento e Innovación para la Justicia comenzará con sus programas para mejorar la competencia, los perfiles y vencer los retos de los funcionarios. Inicialmente comenzará como una tecnología para la investigación penal y criminal y tres especializaciones en temas como la oralidad ante los procesos penales, el litigio penal y derecho probatorio.
Allí, temas como la regionalización, las aulas virtuales, los convenios con las universidades regionales serán de importancia especial para abarcar completamente el país.
Algunos de los más importantes resultados de esta gestión se ven en la captura de 1241 miembros de bandas criminales, entre ellos 86 cabecillas. De ese grupo, 511 pertenece3n a los Urabeños y 226 a Los Rastrojos. Solamente en el 2014 se han logrado 552 condenas de integrantes de las bacrim.
Otro factor importante surge del tratamiento que se les ha dado a las víctimas, que ahora cuentan en cada seccional con una subdirección de atención para resolver los problemas que puedan tener. En los últimos meses han sido atendidos 638 víctimas pertenecientes a etnias indígenas en el marco de las políticas de priorización de genero y de minorías que la entidad aplica.
El medio ambiente también ha sido parte del trabajo intensivo de los miembros de la Fiscalía. En los 51 operativos contra la minería ilegal realizados en el país, 155 personas fueron capturadas, 144 imputadas 83 han recibido medida de aseguramiento y 37 han recibido condena de los jueces. En este rubro, se adelantan investigaciones por casos como la Drummond, Cerromatos, los chigüiros de los llanos,, la contaminación de las fuentes hidricas por la guerrilla en Guainía. También han sido decomisadas más de 50 máquinas para explotación ilegal de oro.
Asimismo, 900 bienes provenientes de actos delictivos fueron objeto de procesos de extinción de dominio por parte de la Fiscalía, entre los cuales se destacan los de la empresaria del chance enilse López por 944.000 millones de pesos o los de las personas vinculadas al Carrusel de la Contratación de Bogotá, que llegaron a 20.000 millones de pesos.
Otro de los frentes que también ha sido atendido de manera eficiente es el referente al terrorismo. Ocho mil miembros de grupos dedicados a este delito están vinculados a procesos penales adelantados por la Fiscalía.
