El Fiscal General de la Nación, Luis Eduardo Montealegre Lynett radicó hoy ante la Cámara de Representantes los siguientes proyectos de ley:
1. Un proyecto de ley estatutaria por medio del cual se reforma la estructura y el funcionamiento de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Este proyecto es un importante avance en la protección de derechos fundamentales y en el fortalecimiento de las garantías penales. La reforma propone crear dos salas de juzgamiento y dos magistrados instructores en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que tendrán como función llevar a cabo las labores de investigación y acusación de los casos que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra congresistas y personas con fuero.
La reforma a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia prevé la incorporación de significativas herramientas jurídicas para asegurar la igualdad en la aplicación de la ley y la protección de derechos fundamentales y de las garantías penales, a través de la creación de la figura de la eventual revisión de decisiones, de la posibilidad de proferir sentencias interpretativas y de unificación vinculantes para todos los jueces y de tomar decisiones con base en criterios de equidad, que permitan la mejor realización de la justicia material en los casos concretos.
Sobre este proyecto de ley el Fiscal General Eduardo Montealegre Lynnet aseguró “que no solo se crea una segunda instancia para los congresistas sino que además se extiende la segunda instancia para una gran mayoría de los aforados constitucionales, como generales de la república, ministros del despacho, gobernadores, es decir toda persona que tenga fuero constitucional distinto al de las investigaciones que adelanta la comisión de acusación y juzgamiento, tendrán la garantía institucional de la segunda instancia”.
2. El segundo proyecto de ley tiene como objeto la creación de un Tribunal Nacional de Garantías Constitucionales en Asuntos Penales. Las funciones de este nuevo Tribunal serán las de servir como máximo órgano de cierre en materia de garantías penales. Para el efecto, se propone que el Tribunal pueda realizar la unificación de jurisprudencia, a través de la revisión discrecional de las decisiones adoptadas por los jueces de garantías y de la facultad de proferir sentencias interpretativas.
Este Tribunal podrá desplazar discrecionalmente a cualquier juez de garantías y será a su vez juez de garantías en las investigaciones o procesos penales que se adelanten contra aforados constitucionales y contra cualquier otra persona que le sea asignada por la ley. También está previsto que el Tribunal pueda realizar eventualmente el control de las acusaciones que presente la Fiscalía General de la Nación.
Una de las características del Tribunal es la forma como son designados sus magistrados, y en donde se combinan diversos sistemas de elección. Esencialmente los miembros de este nuevo Tribunal serán elegidos por la Corte Suprema de Justicia de una terna que será conformada a través de un sistema de oposición o concurso. Este sistema asegura tanto la elección por méritos, como la independencia de la rama judicial.
Sobre el segundo proyecto de ley Montealegre afirmó que “una de la fallas del sistema acusatorio es que no existe un organismo al interior de la estructura judicial penal colombiana que unifique la jurisprudencia, y los criterios de interpretación de los derechos fundamentales dentro del proceso penal, esta labor la cumple excepcionalmente la Corte Constitucional a través del control abstracto de constitucionalidad, o través de la tutela, la Corte Suprema de Justicia a través de la casación, pero no existe en Colombia un órgano que le de coherencia a la justicia y a la unificación de las decisiones que toman los jueces de control de garantías, en el país, entonces como un paso más a la teoría de la irradiación de los derechos fundamentales dentro del proceso penal que es una de las características del derecho constitucional y penal moderno, se propone la creación de un Tribunal de garantías dentro del proceso penal”.
Con estos proyectos se pretende ampliar las protecciones a las garantías constitucionales y a la protección de derechos fundamentales. Así mismo, fortalece el sistema acusatorio y lo extiende en la mayor medida posible a los casos en los cuales aún no tenía aplicación. De igual forma robustece el sistema de precedentes de la justicia ordinaria, a través de la figura de las sentencias de unificación, de las decisiones interpretativas y de la posibilidad de modular los fallos.
Todas estas propuestas del Fiscal General de la Nación, no tienen otro objeto que el de fortalecer el sistema de administración de justicia.
