La Fiscalía acusó a Gustavo Adolfo González Ramos por intentar cobrar al Instituto de los Seguros Sociales (ISS) una serie de facturas que llegan a 227 millones 680 mil pesos en el municipio de Ciénaga (Magdalena).
El ente acusador vinculó a González por la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiacion agravado en calidad de determinador, falsedad material en documento público agravado por el uso en calidad de autor y concierto para delinquir agravado, en calidad de coautor.
En este mismo caso, la Fiscalía adelanta investigación penal por las demandas ejecutivas (procesos civiles) que adelantó la abogada Sandy Loaiza Redondo ante el Juzgado Segundo Municipal de Ciénaga. Quienes entregaron los poderes a esta jurista son Víctor Manuel Ortiz Miranda, representante legal de Surtisalud; Judith Barros De La Rosa, representante legal de D’Medic Ltda, y Víctor Manuel Cortes Miranda, representante legal de Surtisalud.
Para adelantar los procesos ejecutivos ante los jueces civiles, se presentaron poderes, facturas y aceptaciones de oferta falsas, que llegaron a 227 millones 680.000 pesos, sin que los apoderados del ISS del Magdalena (Alfonso Segundo Durán Ramírez y Jorge Luis Campo Rodríguez) hubiesen hecho algún tipo de oposición al pago. Los demandantes no se encontraban registrados como proveedores y los títulos valores usados (las facturas) para cobrar se encontraban prescritos.
Estas demandas ejecutivas le fueron entregadas por González Ramos a Loaiza Redondo para su presentación ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ciénaga.
