A solicitud de un fiscal de Lavado de Activos la Juez 14 Penal de Bogotá, con función de control de garantías, afectó con detención en centro carcelario a 11 personas y con detención domiciliaria a otras dos, por su presunta responsabilidad en la defraudación a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian.
Desde 2006, según la Fiscalía, mediante empresas ficticias puestas en marcha en varias ciudades del país y utilizando pólizas y facturas espúreas para soportar compras ficticias, los procesados se apropiaban de los dineros que la Dian devolvía por concepto del IVA por exportaciones e importaciones de cuero, chatarra y textiles.
La Fiscalía señaló a Blahca Jazmín Becerra Segura como cabecilla de la empresa criminal, y le imputó cargos por estos delitos: concierto para delinquir, falsedad en documento privado en concurso homogéneo y sucesivo, falsedad en documento público en concurso homogéneo y sucesivo, fraude procesal en concurso homogéneo y sucesivo, enriquecimiento ilícito de particulares, exportación e importación ficticia en concurso homogéneo, cohecho por dar y ofrecer, peculado por apropiación y lavado de activos.
Becerra Segura se allanó a esos cargos, inicialmente no los había aceptado, y fue remitida por la juez de control de garantías al Buen Pastor. A María Devia Segura, madre de la anterior, la Fiscalía le endilgó los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos que aceptó. Es una de las dos imputadas con detención domiciliaria solicitada por el representante del ente acusador.
Igualmente, Guillermo León Rodríguez, esposo de Becerra Segura, aceptó cargos por concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Esta persona fue recluida en la Cárcel Nacional Modelo.
MáS PROCESADOS
Con respecto a Sandra Liliana Rojas, contadora de una de las empresas de papel, esta se allanó a cargos por: concierto para delinquir, fraude procesal, exportación e importación ficticia, peculado por apropiación, lavado de activos y enriquecimiento ilícito; y fue remitida al Buen Pastor.
Otro de los procesados, José Norbey Garzón Fierro, escolta de Becerra Segura, aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, y negó su participación en los punibles de falsedad en documento privado, fraude procesal, exportación o importación ficticia, peculado por apropiación y lavado de activos. Esta persona fue enviada a la Cárcel Nacional Modelo.
A la abogada Miryam Teresa Peña Palacios la Fiscalía le endilgó cargos por concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, exportación o importación ficticia, peculado por apropiación, lavado de activos y enriquecimiento ilícito que no aceptó y fue remitida al Buen Pastor.
Así mismo, la contadora Catherine Cano Martínez fue imputada por: concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, exportación o importación ficticia y peculado por apropiación conductas que no aceptó. Esta procesa fue recluida en el Buen Pastor.
El procesado Fernando Quiceno Cruz fue señalado de haber incurrido en los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, exportación o importación ficticia y peculado por apropiación, que no aceptó. Fue enviado a la Cárcel Nacional Modelo.
La Fiscalía también le imputó a Diana Marcela Ramos cargos por concierto para delinquir, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilcito. Esta persona no se allanó a cargos y por solicitud del fiscal del caso quedó detenida en su domicilio.
Al economista y funcionario de la Dian Antonio Agudelo Hernández, lo mismo que al también funcionario de esa entidad, Raúl Vargas la Fiscalía les endilgó los delitos de: concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica en documento público, lavado de activos, peculado por apropiación y cohecho impropio, que no aceptaron. Tanto Agudelo como Vargas fueron enviados a la Cárcel Nacional Modelo.
Por último, a la contadora Andrea Bottina Montero y a Jazmín Bibiana Silva Sánchez el fiscal les imputó los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, cuya responsabilidad no aceptaron. Esas dos personas fueron trasladadas al Buen Pastor.
