Una banda de estafadores que cobraba por la venta de inmuebles que no les pertenecían fue desmantelada por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en una operación conjunta realizada en las ciudades de Pereira, Armenia, Ibagué y Bogotá.
La historia de esta investigación comenzó el 8 de febrero de 2013, cuando la señora Marisol Taborda Valencia instauró una denuncia contra de Rubén Darío Taborda Valencia. A pesar de tener el mismo apellido, la señora Marisol dice que el hombre se hizo pasar por hermano suyo sin serlo y vendió sin autorización un lote que es de ella y está avaluado en 420 millones de pesos.
Fue así como el CTI comenzó desde Pereira este trabajo para desmantelar la organización delincuencial que se apropiaba de inmuebles. Los trabajos iban enfocados al esclarecimiento de conductas referidas a estafa, falsedad documental y suplantación de personas.
Las labores de los miembros del CTI encontraron que la banda pretendía vender este predio en Bogotá. El pasado 27 de mayo, el ciudadano Wílman Antonio López Peña denunció que estaba siendo objeto de una estafa porque los señores Rubén Darío Taborda Valencia, Leonel Hernández Prieto y Juan Carlos Gutiérrez pretendían venderle una propiedad localizada en Pereira que, al parecer, tenía escrituras falsas.
Dos meses antes, López Peña se enteró de la posibilidad del negocio y el 6 de mayo se reunieron en Transarama SAS, entidad de la cual es representante legal, para finiquitar el negocio. Allí asistieron Rubén Darío Taborda Valencia, presunto dueño del predio; dos comisionistas de este último llamados Juan Carlos Rincón Gutiérrez y Leonel Hernández Prieto; Wíllman Antonio López Peña, el denunciante; Luis Fernando Muñoz, comisionista de la empresa, y Carlos Andrés Fandiño, apoderado de Transarama.
Ese día acordaron que para pagar el predio se entregarían 6 cheques y dinero en efectivo por 300 millones de pesos y la entrega de tres vehículos avaluados en ciento veinte millones de pesos.
El 23 de mayo, López Peña solicitó un certificado de tradición y libertad del inmueble para realizar un trámite de la empresa Transarama SAS; pero la Oficina de Instrumentos Públicos de Pereira no se lo entregó argumentando que estaba pendiente un trámite un documento sobre la propiedad, pues había en curso una denuncia penal por el delito de falsedad material en documento público instaurada el mes de febrero por Marisol Taborda Valencia.
La señora Taborda indica que no ha vendido su predio llamado Finca La Julita o Alto Pinares y que no tiene hermano alguno que se llame Rubén Darío Taborda Valencia, como afirma el denunciado.
Al día siguiente de la denuncia, empezó una serie de llamadas contra López Peña en la que estaba siendo amenazado por las personas con las que había hecho ese negocio en las que le exigían el pago del excedente del dinero por la venta del predio.
