Las víctimas eran agricultores y trabajadores de la región.
El corregimiento Casacará de Codazzi (Cesar) fue el escenario de una incursión violenta del frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El 3 de julio de 2000, por instrucción de Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias El Tigre, hombres armados intimidaron a la población, llevaron a cinco personas a una plazoleta y les causaron la muerte.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, obtuvo pruebas que indican que alias El Tigre, en su condición de cabecilla, dispuso el traslado de, por lo menos, 15 integrantes de su estructura vestidos con prendas oficiales, portando fusiles y con la orden precisa de dispararles a unos habitantes, quienes equivocadamente fueron señalados de ser colaboradores de otros grupos armados que delinquían en la región.
Las cinco víctimas eran agricultores y obreros entre 26 y 44 años.
En ese sentido, un juez penal especializado de Valledupar (Cesar) condenó a este exjefe paramilitar a 40 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Adicionalmente, le impuso una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años, y el pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Esquivel Cuadrado fue notificado de la sentencia en la Cárcel y Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Palmira (Valle del Cauca), donde permanece privado de la libertad por otros hechos delictivos como homicidio, desaparición forzada y el secuestro de una familiar del premio nobel de literatura, Gabriel García Márquez, ocurrido en agosto de 2018.
La condena conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
Esta información se publica por razones de interés general.
LAGP/JARG/AJPV/DECVDH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
