Los elementos ilícitos eran movilizados en un vehículo institucional, el cual era escoltado por una motocicleta reportada como hurtada.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a tres integrantes de la Policía Nacional y a un particular, que fueron capturados en situación de flagrancia el pasado 24 de octubre, en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá, mientras transportaban estupefacientes, panfletos alusivos al ELN y otros elementos.
Unidades de vigilancia que realizaban labores de control se acercaron a un vehículo oficial que permanecía estacionado en vía pública y requirieron a sus ocupantes, los patrulleros Cristian Yucepe Uribe Niño, Gilberto Silva Dussan y Luis Carlos Bermúdez Rojas. Al inspeccionar el automotor encontraron las sustancias ilícitas, los impresos, dos placas falsificadas, un arma inhabilitada para disparar, dos armas de dotación policial y dos portátiles.
De igual manera, los uniformados registraron a Jaime Alberto Salazar Jiménez quien, vestido como policía, conducía una motocicleta reportada como hurtada, que también tenía logos de la institución y escoltaba el carro interceptado.
Ante los hallazgos, los tres patrulleros y el particular fueron detenidos. Un fiscal de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de receptación, peculado por uso, falsedad marcaria, utilización ilegal de uniformes e insignias, destinación ilícita de muebles e inmuebles, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
LMBG/AMCJ/JARG/JPFY/SFB.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
