Uno de los procesados fue capturado en Cereté, las otras dos personas fueron judicializadas en los centros carcelarios donde están recluidos por otros procesos.
Labores investigativas adelantadas por la Seccional Córdoba permitieron judicializar ante un juez penal con función de control de garantías de Montería a Lázaro Rafael Padilla Vergara, alias El Animal; Nicolás Manuel Argel Gómez, alias Nicolás y Ubaldo Enrique Fuentes Guerra, alias El Viejo.
Estas personas son señaladas como posibles responsables de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir con fines de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, cargos que ninguno aceptó.
Los tres hombres son investigados por su posible participación en el asesinato de un hombre, ocurrido el 31 de octubre de 2024 en la vereda Las Marías del municipio de Cereté (Córdoba). En este lugar fue hallado, con múltiples impactos de bala, el cuerpo de la víctima quien hacía dos días había salido de prisión y se encontraba con el beneficio de libertad condicional.

La Fiscalía cuenta con información que vincularía a ‘El Animal’, ‘Nicolás’ y ‘El Viejo’ con el homicidio de otro ciudadano, sucedido el pasado 13 de enero en el corregimiento Martínez en el sector El Pueblecito de Cereté. La víctima murió producto de varios impactos de arma de fuego.

Padilla Vergara fue capturado por la Policía Nacional el pasado 16 de octubre en el municipio de Cereté. Entre tanto Argel Gómez y Fuentes Guerra fueron notificados del presente proceso en los centros penitenciarios donde se encuentran recluidos por otros procesos. Los tres harían parte del Clan del Golfo.
VHGB/MAGA/SNF/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.



 
  
 





 
  
  
 