En inmuebles ubicados en diferentes sectores de Medellín habrían ejecutado intervenciones que ocasionaron lesiones, deformidades, limitaciones y otras complicaciones físicas a, por lo menos, 24 víctimas.

Quirófanos improvisados y sin las mínimas condiciones de higiene y salubridad fueron acondicionados en viviendas de los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera de Medellín (Antioquia). A estos lugares acudieron, por lo menos, 48 mujeres para que les realizaran un procedimiento estético que era ofertado por redes sociales con el nombre de ‘lipólisis láser con transferencia glútea’.

Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo habrían participado directamente en las intervenciones quirúrgicas y en otras labores relacionadas como administración de medicamentos, aplicación de anestesia local, atención postoperatoria y masajes postquirúrgicos.

Elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que estas tres personas no contarían con la formación profesional, idoneidad ni experiencia para intervenir en cirugías y otros tratamientos médicos. Esta sería la causa de cuadros infecciosos, deformidades permanentes o limitaciones funcionales ocasionadas a 24 mujeres, que acudieron a reclamar por las afectaciones a su salud y no recibieron respuesta.

Por estos hechos, las presuntas involucradas en los procedimientos estéticos improvisados fueron capturadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Una fiscal de la Seccional Medellín las presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas.

Las procesadas no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

 

 

 

 

 

LFML/AMCJ/LFRB/DSM/JARG/

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.