En la fotografía están un hombre y una mujer de contexturas gruesas, morenos, ambos de cabellos negros, ella se encuentra vestida con una camiseta amarilla y el con una camiseta gris. Están sentados al interior de una oficina asistiendo virtualmente a la audiencia en la que se les proceso.
Momentos en que la Fiscalía judicializaba a los procesados en las audiencias preliminares.

Un fiscal de la Seccional Bolívar judicializó a Roberth Johan Sierra Anillo y a su pareja sentimental Karla Karina Castaño Silva, como presuntos responsables de comercializar estupefacientes y almacenar armas de fuego en una vivienda del municipio de San Jacinto.

La denuncia, conocida por la Fiscalía, evidenció que los procesados estarían distribuyendo marihuana y cocaína a consumidores habituales. Por esto fue ordenado el allanamiento a una vivienda del barrio Santa Ana en dicho municipio, procedimiento que se cumplió el pasado 8 de octubre.

La Policía Nacional, encargada de ejecutar dicha acción, incautó en el lugar cocaína lista para ser vendida al menudeo; además de 16 cartuchos calibre 40 de uso exclusivo de las Fuerzas Militares. Ninguna de las municiones contaba con permiso oficial de porte.

La pareja fue imputada con los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, cargos que no fueron aceptados

Por disposición judicial los procesados cumplirán medidas de aseguramiento en centros carcelarios.

MEVA/MAGA/JV/EGM/DSB

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.