En el barrio Popular, un rottweiler murió por un mal procedimiento que habrían realizado un hombre que se presentaba como veterinario y una profesional; mientras que, en el sector conocido como Sinaí, una persona albergaba 9 caninos en condiciones precarias de salud y aseo.
Fiscales del Grupo para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) judicializaron a tres personas que estarían involucradas en dos hechos distintos en los que se generaron graves afectaciones a perros en Medellín (Antioquia).
Caso ‘Aquiles’
La veterinaria Daniela Montes Tapia y un hombre que se presentaba como profesional en la materia sin contar con título, experiencia e idoneidad, identificado como Luis Fernando Galvis Blanco, realizaron un procedimiento quirúrgico a un rottweiler de nombre ‘Aquiles’ para extraerle una pepa de mango que se había tragado.
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que la intervención, realizada el 30 de agosto de 2024, en un inmueble del barrio Popular, no atendió los protocolos médicos ni contó con las medidas sanitarias y de asepsia. Estas omisiones le ocasionaron al canino un cuadro infeccioso, que finalmente le causó la muerte.
Por todo lo anterior, la pareja fue imputada por el delito de maltrato animal. El cargo no fue aceptado.
9 caninos recuperados en Sinaí
El 15 de septiembre de 2023, en una vivienda del barrio Sinaí, las autoridades encontraron a 9 perros (4 adultos y 5 cachorros) que presentaban precarias condiciones corporales y permanecían en un ambiente insalubre. Los caninos fueron recuperados y trasladados a un centro especializado para su rehabilitación.
En ese sentido, María Esneda Alzate Aguirre, la tenedora de los caninos, fue imputada por el delito de maltrato animal.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
